El Gobierno central abrió ayer la puerta a una solución para los empleados interinos y temporales de las administraciones públicas, entre ellas la canaria. El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, admitió ayer en el Senado que “no es fácil, que no se ha hecho y que es un problema de hace muchos años pero que se va a encarar”. “Más pronto que tarde plantearemos una solución legislativa y en breve plazo se podrá discutir porque es voluntad de este Gobierno resolverlo cuanto antes”, enfatizó.
El dirigente canario aseguró que “no puede ser que haya interinos de 15 o 20 años, este Gobierno lo va a solucionar”, por lo que también apuntó a la reforma del Estatuto Básico del Empleado Pública (EBEP) que ya está consensuada con las comunidades autónomas y que ahora se debatirá con los sindicatos para después aprobarla en el Consejo de Ministros. Advirtió que habrá “sanciones” para las administraciones que abusen de la temporalidad y que deberá distinguir “entre los puestos estructurales de los no estructurales, ya que estos últimos no pueden ser objeto de permanencia en el tiempo en la Administración”. Esta situación ha sido una constante en las dos últimas décadas en la Administración autonómica, lo que ha provocado que haya empleados públicos con más de 20 y 25 años sin consolidar su puesto de trabajo y realizando labores estructurales.
Spínola sacó pecho por la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado, que es del 7,4%, mientras que es de dos dígitos en comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades. En la Comunidad Autónoma canaria la tasa media de interinidad es superior al 40% y en algunos departamentos supera el 60%. El secretario de Estado recordó que hay procesos de estabilización en marcha para estos empleados, algo que ni siquiera se ha iniciado en las Islas por las diferencias entre los sindicatos.
El consejero Julio Pérez insiste en que el Gobierno quiere facilitar las cosas al personal temporal
En este sentido, el portavoz del Gobierno canario y consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, reconoció ayer que el Ejecutivo “ha levantado el pie del acelerador” en la convocatoria de las ofertas públicas de empleo (OPE) para estabilizar el empleo de los interinos a la espera de que el Estado haga cambios en la legislación básica. “No está en nuestra mano otra cosa que cumplir las leyes del Estado y las normas europeas, facilitando tanto como sea posible la estabilización y consolidación de este personal”, indicó Pérez.
El consejero espera que de las enmiendas que se presenten en el Senado a la ley de presupuestos o del propio Gobierno central emane alguna modificación que allane el camino de los interinos y temporales para quedarse definitivamente en la Administración. “Seguiremos buscando el camino que sea más adecuado sin más exigencias que sea pronto y legal, además de negociado con los sindicatos”, añadió. También reiteró que este proceso se ha visto ralentizado por la división entre las centrales sindicales ya que las mayoritarias en Canarias rechazan la vía de las OPE pactadas a nivel estatal entre el Gobierno y los sindicatos con representación nacional.
Por su parte, la plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca) mantuvo ayer una reunión con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para solicitar su intermediación para lograr el fin del abuso de temporalidad en la Función Pública de Canarias. Pefralca explicó al Diputado del Común que la actuación del Ejecutivo regional es “temeraria”, ya que “debido a la situación sanitaria provocada por el Covid-19, el Gobierno de España ha permitido retrasarlo hasta diciembre de 2021, lo que daría un respiro a los trabajadores para negociar la fijeza de sus plazas, pero, sin embargo, en Canarias se está acelerando el proceso”.
La plataforma recuerda que unas 26.000 personas de la Comunidad Autónoma se encuentran afectadas inicialmente por esta iniciativa de la función pública canaria. Un hecho que también se extiende a las administraciones locales, cabildos y universidades del Archipiélago.
El Diputado del Común se comprometió a pedir un informe a la Administración autonómica para saber cuáles son las medidas a adoptar y conocer cómo se va a dar solución al problema de temporalidad que viene sufriendo el colectivo desde hace años en Canarias, con el fin de estabilizar sus puestos de trabajo.
