El Gobierno regional va a esperar a que se aprueben definitivamente los presupuestos generales del Estado por si hay cambios en la ley que afecten a los procesos para estabilizar al personal interino y temporal de la Administración autonómica. Si esto no sucediera el Ejecutivo mantiene su intención de convocar ofertas de empleo público pese a las protestas de los sindicatos mayoritarios y la plataforma de interinos, aunque sí está dispuesto a negociar una convocatoria con ciertas restricciones y adaptada a estos empleados tanto en la parte del concurso de méritos como en el examen de oposición para evitar que se queden en la calle. La inestabilidad laboral de la Comunidad Autónoma afecta a más de un 40% de los empleados públicos, alrededor de 26.000, 3.000 de ellos en el ámbito de la Administración General y el resto en Sanidad –donde se supera el 60% de interinidad en algunas categorías– y Educación.

Los presupuestos del Estado acaban de entrar en el Senado y estarán hasta finales de diciembre en la Cámara Alta. Existe la posibilidad de que se introduzca alguna enmienda de última hora en la ley que dé lugar a cambios en la articulación de los procedimientos para hacer fijos a los empleados públicos temporales de la Administración. La directora general de Función Pública del Gobierno canario, Laura Martín, asegura que “no nos vamos a oponer a cualquier cambio que se pueda introducir en la legislación del Estado”. En este sentido, hay una proposición no de ley impulsada por Compromís en la que se defiende que se hagan oposiciones restringidas donde sólo se evalúen los méritos y la experiencia, sobre todo en el caso del personal laboral.

Sin embargo, aún está por ver si esta propuesta se convierte en enmienda y se introduce en el articulado de la ley de presupuestos. Los antecedentes no son buenos ya que varias enmiendas presentadas en el Congreso para dar una solución a la temporalidad en la Administración fueron desestimadas por los grupos que respaldan al Gobierno.

Laura Martín asegura que la intención del Ejecutivo es “facilitar” que el personal afectado por la temporalidad adquiera la fijeza que acabe con la incertidumbre de tantos años, pero advierte que no se pueden eludir los procesos selectivos porque así está regulado en la legislación básica del Estado y está corroborado en un reciente informe de los servicios jurídicos autonómicos. Para Martín lo importante no es la publicación de la OPE porque se trata de un catálogo de plazas a cubrir, sino que lo verdaderamente esencial está en la negociación de las bases: “No nos fijemos en la oferta de puestos sino cómo se va a acceder a esas plazas, hablemos del examen y de los méritos y de cómo lo hacemos, ahí quizá podamos llegar a un acuerdo que no suponga perjuicios para los afectados, nuestra voluntad es facilitar las cosas”, añade.

La directora general no cree que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eche por tierra las ofertas de estabilización y consolidación que se realizan en España para reducir la temporalidad en la Administración Pública. “Lo que vienen a decir los jueces europeos es que las ofertas de empleo no es una herramienta suficiente para acabar con la inestabilidad laboral en las administraciones públicas”, concluye Martín, que recuerda que estas convocatorias extraordinarias no están sujetas a las tasas de reposición de las ofertas ordinarias, sino que son plazas ya existentes y que se pretenden estabilizar o consolidar en función de la antigüedad de los trabajadores que las ocupan.

Laura Martín no cree “coherente” que los mismos sindicatos que se niegan ni siquiera a publicar las plazas para después negociar las bases, sin embargo den su visto bueno a la oferta de estabilización de puestos de trabajo en Educación aprobada la pasada semana con el fin de reducir la temporalidad de los docentes. “Se trata de un mal trago para todos, también para nosotros, pero tenemos que ayudarnos entre todos y hablar de cómo lo hacemos para facilitar las cosas”, advierte la directora general de Función Pública.

Canarias es la única comunidad autónoma que ni siquiera ha publicado ofertas de empleo para reducir la temporalidad frente a otras comunidades que están más avanzadas como es el caso de Galicia o Cataluña. Y esta demora puede traer consecuencias negativas ya que la prórroga aprobada por el Estado termina el 31 de diciembre de 2021 y, en el caso de que España continúe con unos índices tan elevados de precariedad en la Administración pública, puede afectar a la llegada de fondos europeos a España en los próximos años, advierte la representante del Ejecutivo regional.

C. M. Q. 24 años de informático en la Administración

“Esta situación produce intranquilidad porque pasan los años y no se resuelve”

Desde 1996 C.M.Q. trabaja de informático en la Consejería de Agricultura, pasó una prueba para entrar a trabajar pero no era una plaza estructural y con posterioridad se mantuvo en su puesto de forma indefinida, pero sin fijeza. La intranquilidad que siente por no ser estable y el riesgo que puede suponer perder su puesto de trabajo después de 24 años le ha empujado a acudir a un psicólogo. “Tengo una hija que va ahora a la universidad, una hipoteca y los años van pasando para ahora estar en esta situación, a veces tengo momento malos que no me dejan dormir”, explica C.M.Q. sobre su estado personal debido a la inestabilidad que le genera su situación laboral. Con el paso de los años ha asumido responsabilidades en su departamento que son más de un funcionario que de un laboral pero que no se le remunera como tal. En su opinión la Administración “no se ha comprometido realmente a solucionar la temporalidad, hay otras comunidades que intentan llegar a acuerdos pero aquí tenemos todavía un escenario con muchas incógnitas por concretar”, lamenta.

Carmen Bonilla. 25 años de técnico en Medio Ambiente

“Con voluntad política, se solucionaría este problema; ha habido dejación”

Carmen Bonilla entró el 2 de enero de 1996 en la empresa pública Gesplan y con posterioridad pasó a técnico a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, ahora de Transición Ecológica. Terminó denunciando a la Comunidad Autónoma por superar los plazos fijados para ser indefinida y ganó el pleito, convirtiéndose en indefinida por sentencia. Casi 25 años después Carmen sigue como técnico y con un puesto de trabajo que sigue sin ser fijo. Con 53 años explica que de su empleo mantiene una casa, una familia y tiene a su cargo a personas dependientes, por lo que no entiende cómo ahora se ven en la incertidumbre de pasar por un proceso selectivo con todas las cargas que tienen frente a jóvenes con más tiempo para estudiar y prepararse. “No han habido movimientos en todos estos años y ahora quieren sacar las plazas a concurso público, parece que al Gobierno le molestamos los interinos, si hubiera voluntad política se solucionaría este problema”, cuestiona. Bonilla advierte que ellos no son culpables de la “dejación” de la que ha hecho gala la Administración autonómica.

Manuel Plasencia. 22 años como jurista en la Comunidad Autónoma

“Nos ponen al pie de los caballos, no hay ventajas por trabajar en la Administración”

Manuel Plasencia es jurista en la Administración autonómica y lleva desde 1998 ocupando una plaza no fija sin que hasta ahora se haya dotado de seguridad a su puesto, ya que la Comunidad Autónoma no convoca plazas para el personal laboral desde hace 23 años, en 1997, sino solo para funcionarios. Desde entonces se han ido acumulando plazas que ocupan empleados no fijos o indefinidos por sentencia pero que a día de hoy no han estabilizado aún sus puestos. Uno de estos casos es el de Plasencia que, como muchos otros, se ha visto impedido de hacer carrera y promoción interna dentro de la Administración por no ser fijo ni poder homologar sus tareas con las de un funcionario que realiza sus mismas funciones. “Tenemos la espada de Damocles porque hay que superar un proceso selectivo, pero el miedo no es sólo por esto, sino porque no estamos en igualdad de condiciones al no haber una ventaja sustancial por trabajar más de 20 años en la Administración, nadie impide que se presente opositores de la calle o personal de dentro. Nos ponen al pie de los caballos”, explica.