Esta profesora de Filosofía del Derecho, experta en Derechos Humanos, califica de nefasta la gestión migratoria en Canarias en los primeros meses y atribuye la misma, de forma fundamental, al Ministerio del Interior. Para intentar evitar que se repita tal situación, María Eugenia Rodríguez Palop defiende la necesidad de solidaridad entre comunidades autónomas. Advierte de que, en base al Pacto Migratorio, la Unión Europea será en los próximos años más insolidaria con quienes buscan entrar de forma irregular en su territorio; deja la responsabilidad en los países de entrada y la ayuda a estos es “muy laxa”.
¿De qué asuntos hablará hoy en el Parlamento canario sobre el escenario de la UE para los próximos siete años?
Me voy a centrar en las comisiones en las que trabajo: Igualdad (mujeres), Empleo y Asuntos Sociales y el Sector Primario. El marco migratorio también lo voy a plantear por las circunstancias concretas que también nos han traído aquí, como es el caso del muelle Arguineguín y el tratamiento que se les está dando a estas personas y la política migratoria, en general, de la Unión Europea (UE). El Pacto Migratorio se presentó en septiembre y nosotros hemos hecho una valoración del mismo, eminentemente negativa, porque nos parece un retroceso de lo poquito que se había avanzado en 2015; entre otras cosas, porque se renuncia a las cuotas (de acogida de migrantes por países), que tampoco fueron efectivas, pero, al menos, las regulaba. Eso ya no se plantea siquiera. Y se ha cedido a las exigencias de lo que llamamos el Eje de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia, Austria y República Checa), que no quieren recibir migrantes. Se ha planteado un sistema que combina responsabilidad y solidaridad. Pero la responsabilidad es muy exigente y recae sobre los países de entrada (de migrantes) y la solidaridad es muy laxa, pues solo se ayudará a los citados estados en casos muy críticos.
¿Y dónde está el límite para solicitar ayuda?
¡Eh! No se establece un límite. Se habla de situaciones de crisis. España ya protestó formalmente, junto a los otros países de entrada. El Pacto también sigue la línea de las acciones anteriores: retornos, externalización de fronteras, convenios bilaterales, países gendarmes; y ya sabemos que mucho de eso no ha funcionado, como el pacto de la UE con Turquía, o bien con Marruecos, Mauritania, Senegal y demás. Se ha perdido una oportunidad para cambiar el eje central de la política migratoria y para progresar en los tímidos avances logrados previamente, como era el caso de las cuotas.
Entonces, ¿tenemos una UE mucho más insolidaria?
En el tema migratorio, diría que sí. En otras cuestiones sí es más solidaria que en otros momentos, como en la crisis del Covid-19. El fondo de reconstrucción ha mostrado una capacidad de coordinación, aunque esta iniciativa está paralizada por Hungría y Polonia. Pero en política exterior no creo que demos un buen ejemplo.
¿Cómo valora la gestión del Estado en la crisis migratoria y la concentración en campamentos de estas personas, al no haber traslados a la Península?
La gestión que se ha hecho está claro que ha sido nefasta en los primeros meses y el resultado ha estado a la vista de todo el mundo. La reacción posterior, mientras sea temporal y se salvaguarden los derechos de estas personas; es decir, que la situación obedezca a la implementación de los procedimientos para evaluar individualmente cada caso y saber en qué circunstancias pueden pedir una protección internacional y cuándo deben ser retornados, no tiene por qué ser mala. Si es una detención que sobrepasa el tiempo establecido legalmente y sirve para practicar un retorno masivo, una especie de devolución en caliente, pues entonces la valoración será negativa. Estamos a la espera de cómo se desarrollan los acontecimientos. Todavía es pronto para evaluar. Nadie quiere que esto sea una reproducción de Moria (isla de Lesbos) ni otros lugares que hemos visto con bolsas de seres humanos durante muchísimo tiempo en un limbo jurídico. Esto es lo que se tiene que evitar, no solo por Canarias, sino también por España y por Europa. En el Pacto Migratorio de la UE existen mecanismos legales para que las cosas se hagan bien. Pero en ese proyecto se presume que, por proceder de determinados lugares, vas a ser un migrante económico y no necesitado de asilo (por ejemplo, los subsaharianos). Y eso sí creo que atenta contra los Derechos Humanos.
Los retornos, los convenios bilaterales o los países gendarmes no han funcionado mucho
¿Y qué va a hacer Podemos en el Gobierno para que el PSOE acepte traslados a la Península?
A mi modo de ver, Podemos debe continuar exigiendo los traslados de migrantes de Canarias a la Península. La misma solidaridad que exigimos a otros países hay que aplicarla entre comunidades españolas, sobre todo si estas personas han superado las medidas sanitarias por el covid. La gestión nefasta de los primeros meses, debida al Ministerio del Interior, hay que tratar que no se repita.
¿Cómo valora que se impidiera la entrada de algunos compañeros suyos al campamento de Barranco Seco?
Parece ser que el argumento tiene que ver con las medidas sanitarias. Yo siempre apoyaría la transparencia de todo tipo de procesos que tengan que ver con los Derechos Humanos. Lo que no significa que todo el mundo pueda entrar siempre que quiera. Pero puede haber personas u organismos que estén especialmente legitimados para entrar y examinar, como Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. Aunque sean mis compañeros, y yo podía haber estado en esa misión, te diría que no estamos suficientemente legitimados, porque nuestro cometido es denunciar situaciones, pero no es nuestro rol fundamental la inspección de esos recintos.
¿Cómo debe cambiar la Ley de Extranjería?
El cambio es un clamor por muchas ongs, como CEAR o Amnistía Internacional, por ejemplo en trata de personas o petición de asilo por orientación sexual. Hay que revisar la distinción entre migrantes económicos y solicitantes de asilo; o la figura de los migrantes climáticos, entre otras cosas.
