“Ampliaremos el plazo que fije el Estado para suspender desahucios”

La ejecución del plan se desarrolla en cuatro patas clave. Los instrumentos de los que dispone el Gobierno son el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan. También hemos definido la cogobernanza del plan con los ayuntamientos y cabildos para descentralizar la gestión del mismo a través de una modificación de la Ley de Vivienda. El sector privado es también una pieza esencial para la construcción de viviendas. Si somos capaces de coordinar todos estos elementos confiamos en que el plan se ejecute en cinco años.

¿Después de tantos años sin construirse viviendas ya hay suelo y proyectos suficientes para agilizar las licitaciones?

La primera fase del plan consiste en la compra de vivienda acabada o semiacabada. Este año a través de Visocan hemos destinado 11 millones de euros a comprar 72 viviendas y en los próximos días transferiremos otros seis millones de euros para seguir en esta compra de casas en el mercado privado. Somos conscientes de que realizar los proyectos y adjudicar las obras es un proceso largo, por eso en este primer año del plan compramos viviendas ya terminadas o semiconstruidas. El plan está cuantificado y territorializado por islas y municipios, por lo que gran parte de los terrenos están cedidos o en fase de tramitación, se trata de un trabajo engorroso porque los ayuntamientos nos tienen que ceder suelos limpios y en condiciones para poder edificar. Además también tenemos el Plan 20.000 del Gobierno de España al que hemos cedido suelo para que construya cerca de un millar de viviendas en los próximos años. Entre todos los instrumentos la idea es que podamos contar con más de 6.000 viviendas públicas antes de acabar el plan.

La cesión de suelo edificable siempre ha sido un problema y los constructores llevan años demandando más agilidad a los ayuntamientos ¿Cómo se va a gestionar?

Es un problema serio que tenemos y van a seguir existiendo dificultades, por eso insistimos a los ayuntamientos que nos cedan suelos limpios para que sean edificables de forma inmediata. En las grandes zonas hay suelo previsto y en fase de tramitación pero también en municipios medianos y pequeños porque el plan también intenta combatir la despoblación en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. La previsión es construir 614 viviendas en estos municipios pequeños en los próximos años. También hay islas como Lanzarote donde hace más de 20 años que no se construyen pisos, por lo que hay que hacer un esfuerzo especial en las zonas con tanto déficit de vivienda.

Oficialmente hay 17.000 demandantes de vivienda en Canarias ¿Hay demanda oculta que puede aflorar cuando empiece a desarrollarse el plan?

Puede haber una demanda oculta aunque la que tenemos se sitúa en torno a los 17.000 demandantes. Si hay alguna más oculta podría estar entre 3.000 y 4.000 solicitudes más, pero la fotografía más reciente es esta. Como se van a construir 6.000 viviendas y hay 17.000 peticionarios por eso el plan desarrolla un potente programa de ayudas al alquiler para esas familias que, pese a contar con recursos económicos, no pueden comprar una casa pero sí acogerse a las ayudas al alquiler. Vamos a acabar el año con un gasto de 40 millones de euros en las diferentes modalidades de subvenciones. Además de este programa de ayudas, está el programa de la vivienda vacía que saca casas del mercado privado para destinarlas a un alquiler asequible con la garantía de la Comunidad Autónoma. Pretendemos la recuperación de 600 viviendas en esta modalidad de alquiler.

La rehabilitación también va a ser una prioridad ¿no?

Le queremos dar más protagonismo tanto desde el punto de vista presupuestario como en la dimensión que va a tener. En un principio teníamos previstas 10.500 actuaciones de rehabilitación pero las podemos incrementar notablemente porque el Gobierno de España va a aportar 60 millones más destinados a la recuperación urbana y a mejorar barrios y viviendas. Es verdad que ha habido casos en que se ha dilatado la ejecución de las reformas en zonas como Las Rehoyas o Las Chumberas pero ahora hay más fondos provenientes de la UE destinados específicamente a la rehabilitación urbana y esperamos incrementarla porque es la actividad dentro de la construcción que genera más empleo. También Visocan dispondrá de fondos para reformar sus viviendas.

¿De qué manera se van a frenar los desahucios de las familias más vulnerables?

En el decreto ley que estamos preparando hay un apartado destinado a paralizar los lanzamientos y los desahucios por falta de pago del alquiler o de las cuotas hipotecarias. El Gobierno de España ha anunciado que va a aprobar un real decreto precisamente para extender la suspensión de los desahucios hasta acabar el estado de alarma. Estamos valorando el alcance de la medida porque si es hasta junio, que es cuando acaba el estado de alarma, nosotros vamos a complementarlo para incrementar el tiempo de la suspensión de lanzamientos y desahucios mientras dure la crisis. El real decreto de 2013 que fue aprobado por el Gobierno del PP nos permite plantear una suspensión hasta 2024 y ya hay experiencias en algunas comunidades autónomas. Nuestra idea es acogernos a ese marco para que no haya desahucios en el periodo de tiempo que dure el impacto económico y social del Covid. Estamos a la espera de cómo lo va a regular el Gobierno central pero disponemos de un borrador con iniciativas para paralizar desahucios con determinados criterios y buscar una alternativa habitacional a estas familias.

¿Cual es el nivel de implicación de los empresarios en el desarrollo del plan mediante la colaboración público-privada?

Durante la elaboración del plan hemos tenido muchos contactos con los empresarios del sector y se han asumido varias de sus propuestas. Para la Consejería es fundamental que la iniciativa privada se implique en la construcción de viviendas y el plan lleva precisamente un plan de ayudas para incentivar la vivienda protegida VPO y así animar a las empresas para que se incorporen y construyan pisos protegidos. El objetivo es que se construyan en torno a 700 viviendas por la iniciativa privada. Todas las viviendas que se edifiquen tanto públicas como privadas serán siempre en régimen de alquiler porque es la principal apuesta de este plan.

Los elevados precios del alquiler han sido un grave problema en los últimos años ¿Cómo se aborda?

El objetivo es que los pisos que se pongan en alquiler no superen el 30% de lo que ingrese una familia, por lo que en las viviendas públicas y en las que estén subvencionadas el Gobierno fijará unos precios de alquiler que estarán en torno a los 400 euros. Es decir, a aquellos empresarios que estén dispuestos a construir viviendas protegidas el Gobierno les planteará unas cantidades en torno a esos 400 euros. Las que son de régimen especial estarán en torno a los 340 euros de alquiler.