La Audiencia de Las Palmas ha absuelto a los 11 procesados en la causa principal abierta por la construcción de la bodega Stratvs, entre los que figuraban su propietario, el empresario Juan Francisco Rosa, y el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, así como a la empresa promotora de la obra.
En este procedimiento, la Fiscalía había pedido penas de prisión para la mayor parte de los procesados por delitos de prevaricación urbanística y contra el medio ambiente, entre otros, pues sostenía que la construcción de Stratvs había sido “el peor atentado ambiental” sufrido por Lanzarote desde que la isla fue declarada Reserva de la Biosfera en los años noventa.
La sección sexta de la Audiencia reconoce que en la construcción de la bodega en la comarca de La Geria existen elementos de “discutible” legalidad urbanística pero no aprecia que ninguno de ellos sea constitutivo de delito.
Los propietarios de Stratvs solicitaron en junio de 1998 licencia para rehabilitar una vivienda ya existente en el paraje protegido de La Geria y construir un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, pero demolieron la vivienda, levantaron una más grande y abrieron un restaurante, una tienda, una terraza y una bodega mucho mayor. En total, 12.000 metros cuadrados construidos a partir de numerosas irregularidades, según la Fiscalía.
Sin embargo, la sentencia dictada considera que el principal acusado, Juan Francisco Rosa, “no puede obtener en esta sede un reproche jurídico penal por la construcción de la bodega, puesto que no cabe afirmar que las edificaciones verificadas por el acusado no estuvieran autorizadas”.
Uno de los delitos que se atribuía a varios de los acusados es el de prevaricación urbanística, si bien el tribunal desconoce en qué se basan las acusaciones para considerar que los cargos públicos y funcionarios imputados tenían intención de favorecer la concesión de la licencia o en beneficiar los negocios del empresario.
De lo acreditado en el mencionado juicio no puede afirmarse que la propuesta de autorización efectuada por el Gobierno canario en el año 1999 por los acusados, destaca el tribunal.
