¿Cómo ha afectado la pandemia a los planes del Gobierno en derechos sociales?
Hemos tenido que acelerar algunos planes del acuerdo de coalición progresista. Un ejemplo es el Ingreso Mínimo Vital, que este Gobierno pensaba desarrollar en toda una legislatura y se ha visto obligado a acelerar su desarrollo en los últimos meses.
Pero, ¿tendrán que reducir los objetivos iniciales?
En absoluto. En estos presupuestos ya se dan pasos muy importantes en el desarrollo de estos planes. Por ejemplo, en dependencia aumentamos la financiación en 600 millones de euros, revirtiendo los recortes que en el 2012 aplicó el PP. Es decir, que ya hay avances muy relevantes en este primer año de Gobierno.
¿De qué manera afectará el Covid-19 a la economía del país y de Canarias, que depende, en buena parte, del turismo?
Es indudable que la crisis que vivimos afecta duramente a la economía. Precisamente, para evitar mayores costes el día de mañana, hoy tenemos que tomar decisiones que congelan parcialmente la actividad en algunos sectores. El Gobierno ha puesto en marcha medidas muy ambiciosas para compensar a estas empresas y estos hogares. Es el caso de los ERTE, que el Gobierno ha venido desarrollando durante estos últimos meses y que han de mantenerse en aquellos sectores más expuestos a las circunstancias a las que obliga la pandemia.
¿Y hay alguna propuesta más para favorecer la recuperación?
Hay dos ejes de inversión muy importantes. Uno es el conjunto de ayudas tramitadas a través del ICO. Hablamos de más de 100.000 millones de euros inyectados en el tejido empresarial español y que ha facilitado la liquidez de las empresas en apuros. Frente a lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, las ayudas del ICO han llegado de forma masiva a las pymes de todo el país. Y en los próximos años vamos a tener planes de inversión muy ambiciosos, con la financiación de los fondos europeos. En los Presupuestos del 2021 incorporamos casi 30.000 millones de euros de inversión. Este dinero tiene que servir, en primer lugar, para la reconstrucción y recuperación económica, pero, en segundo lugar, para afrontar el cambio de modelo productivo que nuestro país demandaba desde hacía una década y que vamos a poder afrontar ahora.
¿Y cómo incidirá lo que vivimos ahora, desde el punto de vista económico, en los más pobres y vulnerables?
Es indudable que, de no haber existido la respuesta que hemos visto del Gobierno, el impacto en los colectivos vulnerables hubiera sido mucho mayor. En los próximos años veremos cómo el desarrollo de esta inversión en transición ecológica, en rehabilitación inmobiliaria, en todo el ámbito de la digitalización de la economía, pero también en la transformación del sector turístico, van a propiciar una reducción progresiva del desempleo. Y se persigue no dejar a ningún colectivo atrás. Creo que la reconstrucción debe garantizar que llega al conjunto de la ciudadanía. Unos 30.000 millones de euros son para revertir todo la falta de inversión pública que acumula nuestra economía respecto a ejercicios anteriores.
¿Cuáles son las líneas estratégicas de su departamento para los próximos años?
Una tarea clave va a ser la reconversión del modelo de cuidados de larga duración. Tenemos un cuarto pilar del estado del bienestar en España que es muy frágil. Los servicios sociales, la dependencia, nunca han llegado a ser en nuestro país como en los de nuestro entorno. Y los fondos europeos, en parte, se van a usar para reforzar esos servicios.
¿Qué porcentaje de ese logro del giro social en los presupuestos se debe a Nacho Álvarez y Unidas Podemos?
Es un logro de un gobierno que debate, discute, que, en ocasiones, tiene diferencias y que toma decisiones y que actúa de forma unida. Desde Unidas Podemos, venimos planteando hace años la necesidad de enterrar la austeridad y dar paso a presupuestos expansivos y progresistas, que consoliden los derechos sociales y que incorporen una importante cantidad de inversión a la transición ecológica, al cambio de modelo de cuidados de larga duración, pero también al desarrollo de los servicios sociales.
¿Se podrán recaudar suficientes impuestos para atender esas necesidades y proyectos?
La financiación de los presupuestos está asegurada; en primer lugar, porque la financiación la garantiza la autoridad monetaria. El Banco Central Europeo va a comprar deuda pública española y, por tanto, de los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, porque los fondos europeos van a garantizarlos también. Pero, a medida que se produzca la recuperación económica, veremos como la recaudación mejora poco a poco y contribuirá, en tercer lugar, a la financiación.
¿La gestión de la crisis migratoria por el Gobierno del Estado puede perjudicar a la recuperación de la economía canaria?
El Gobierno tiene claro que no puede dejar a Canarias sola en esta situación y está volcándose en esfuerzos económicos y políticos por asumir el fenómeno de la migración. Creo que no vamos a ver un problema derivado de la crisis migratoria. En cuanto podamos tener una vacuna en el 2021, el sector turístico canario volverá a tener una campaña efectiva que permita la llegada importante de turistas.
¿Es partidario de que los migrantes sigan en el Archipiélago, o bien de que puedan continuar su ruta hacia la Península y otros países?
En el ámbito de nuestras competencias, en la Vicepresidencia de Derechos Sociales hemos sido muy claros. El derecho de acogida de los menores debe de tener prioridad y nosotros queremos activar la solidaridad y llevar al Consejo Territorial, donde se reúnen las comunidades autónomas, el debate para que haya un reparto de estos menores en el conjunto del territorio.
Me refiero a los adultos que quieren reunirse con sus familiares en la Europa continental.
Creo que el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos es muy claro al respecto y contempla que el Gobierno trabajará por el establecimiento de vías de migración que sean seguras. Y por tanto el Gobierno debe trabajar por el cumplimiento de este acuerdo.
¿Qué efectos tendrá el Ingreso Mínimo Vital tras la aparición de la pandemia?
El Ingreso Mínimo Vital tiene que ser una prestación para auxiliar a los hogares que ya eran pobres en 2019, antes de la pandemia, pero también para llegar a las familias que están entrando en zona de vulnerabilidad por la pandemia. Y quizás en este segundo objetivo no esté funcionando como queríamos. Por eso, en el trámite parlamentario, los grupos políticos podrán hacer aportaciones para mejorar la agilidad con la que se tramitan tales prestaciones y la capacidad que tiene como red de seguridad para las familias.
¿Qué demandas principales le han transmitido los representantes del Tercer Sector?
Plantean demandas que son ampliamente compartidas por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, sobre la pobreza que ya estaba instalada y que se recrudece a consecuencia de la pandemia. El Tercer Sector insiste en la necesidad de revisar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y estamos de acuerdo con hacerlo. Se va a reformular el plan operativo para el periodo 2019-2023 en los próximos meses.
Los familiares de personas dependientes lamentan la tardanza para que la administración atienda sus demandas, ¿qué prevé hacer el Gobierno del Estado en esta materia?
Hemos puesto en marcha un plan de choque en Dependencia y el Gobierno quiere discutir con las comunidades autónomas cuál es el uso prioritario de la financiación que va a tener el sistema. Habrá 600 millones en 2021, pero también cantidades equivalentes en los siguientes años. No obstante, queremos saber cuáles son las prioridades para utilizar esta financiación. Desde nuestro punto de vista, la primera tiene que ser reducir las listas de espera.
