El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno de Canarias que refuerce la plantilla de la Agencia Tributaria Canaria", con el fin de "continuar en la lucha contra el fraude fiscal en el Archipiélago" y conseguir reducirlo.

La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario Sí Podemos, cuyo portavoz, Manuel Marrero, ha manifestado que en Canarias existe "un 25 por ciento de fraude fiscal", que es una cifra "ligeramente superior a la media estatal, pero que adquiere porcentajes desorbitados en ciertos sectores, con valores superiores al 50 por ciento de economía sumergida, por ejemplo, en el caso del sector turístico".

Marrero ha señalado, según indica una nota de su grupo, que a esta situación estructural que se manifiesta desde hace décadas", Marrero recordó que "se suman las dificultades coyunturales que, por la irrupción de la Covid 19, se han suscitado", ya que "los trabajadores de la economía sumergida están viviendo una situación especialmente delicada durante la pandemia".

"Sin contrato, muchos colectivos, como las empleadas del hogar, al no cotizar, no perciben ayuda alguna para hacer frente a esta situación. Además, las pérdidas de estos puestos de trabajo, muchos de ellos asociados a sectores especialmente vulnerables durante la pandemia, como el de la hostelería, aumentan el porcentaje de esta población en riesgo", ha afirmado Marrero.

Según el portavoz, este asunto "de latente debate y de gran trascendencia" se acrecienta además porque el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha manifestado recientemente el "desplome en la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria", con una caída en torno al 76 por ciento menos de las que se realizaban hace una década.

Para Sí Podemos Canarias este hecho "es consecuencia de debilidades del sistema", debido a la "necesidad de disponer de más recursos humanos especializados", a lo que se suma que "las normas internas de la AEAT impiden el desarrollo de ciertos niveles de la investigación a los técnicos de Hacienda, aglutinándose en pocas manos, jefes de equipo, ciertas resoluciones, sin que los técnicos tengan capacidad de finalizar el estudio del fraude que descubren".

Junto a ello, Marrero incide en que "también es importante atender a la prioridad que de forma tradicional se ha venido desarrollando de investigar preferentemente a autónomos y pymes, a los que se dedica más del 80 por ciento de los recursos, en lugar de hacer lo propio con grandes fortunas o grupos empresariales, que eluden una cantidad de impuestos mucho más elevada, con consecuencias directas y más intensas en nuestra economía".