La paciencia de los ayuntamientos y de los hoteleros del sur de Gran Canaria se ha terminado. El miedo a que la crisis migratoria tire por tierra la recuperación económica del Archipiélago ha llevado a la patronal turística y a los consistorios de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana a dar un ultimátum al Estado: los inmigrantes tienen que estar fuera de los hoteles canarios antes del 31 de diciembre. “La solidaridad como negocio tiene fecha de caducidad porque el Gobierno debe actuar”, insistió ayer la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que amenazó con multar a partir de enero a aquellos alojamientos que continúen acogiendo a migrantes.

Bueno mantuvo ayer un encuentro con el concejal de turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara; y uno de los representantes de La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) , Nicolás Villalobos.

Tanto las autoridades locales como los empresarios grancanarios comparten la idea de plantar cara al Estado para que reaccione y reubique en los campamentos militares a los más de 6.000 migrantes que actualmente ocupan 16 hoteles de Gran Canaria.

A la patronal turística le preocupa especialmente que la situación ahuyente a los pocos turistas dispuestos a venir a Canarias a principio de año. Incluso avisaron de que algunos turoperadores ya se están planteando llevar a turistas a otras zonas y recuerdan que Lesbos y Lampedusa quedaron fuera de los circuitos turísticos.

Salida ordenada

Sin embargo, la idea de dar un ultimátum al Estado para que reubique a los migrantes no tuvo la misma acogida en la patronal hotelera tinerfeña. El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, consideró que en lugar de lanzar amenazas para buscar soluciones rápidas, se debería apostar una vuelta a la normalidad “de manera ordenada”, primero dandoles “una situación a los inmigrantes en lugares donde se respeten sus derechos”, para después “recobrar la normalidad en los establecimientos turísticos”.

Por eso, mantiene que “un ultimátum no es lo más adecuado”, ya que esto implica “meternos en las relaciones contractuales que hayan acordado las empresas con el Gobierno de forma individual” y recalcó que “lo lógico es que más pronto que tarde se le una solución a estas personas fuera de los complejos turísticos”.

Aún así, sí reconoció que algunos turoperadores están preguntando por esta situación, algo que consideró “normal”, ya que se trata de “actividades anómalas”, por eso reclamó al Estado “una solución a largo plazo” que desaloje los hoteles.

Otros ayuntamientos turísticos tinerfeños tampoco consideran adecuada esta alternativa. Mientras que fuentes del Ayuntamiento de Arona aseguran que no se han planteado ninguna medida de presión para instar al Estado a acabar con esta situación, la alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, planteó que la postura lanzada por algunos consistorios grancanarios es “oportunista y poco solidaria”, ya que “se está haciendo un esfuerzo para que los alojamientos queden liberados en poco tiempo”.

No es de su misma opinión el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, quien sí se mostró a favor de este ultimátum al Estado, ya que aseguró que la “imagen que hay en el Reino Unido es que los turistas van a compartir hotel con los inmigrantes”, por lo que afirmó que deben reubicarse si se quiere salvar la temporada.

Para Navarro muchos alcaldes “se han visto solos” por la inacción del Estado y consideró que finalmente los regidores “tendremos que tomar medidas” si la situación no se reconduce.

Medidas municipales

Una de las medidas que ha propuesto la alcaldesa del municipio grancanario de Mogán es sancionar a los establecimientos hoteleros que más allá del 31 de diciembre continúen alojando a migrantes. De hecho, aseguró que la próxima semana comenzará a advertir a los complejos de su municipio de que si no llevan a cabo el desalojo antes de principios de año, –fecha en la que terminar los acuerdos firmados entre los diez hoteles del municipio y el Ministerio de Migraciones–, se les sancionará con multas de entre 30.000 y 300.000 euros tal y como recoge la ley del suelo en su artículos 372-3b y 373. “Es una infracción grave la implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa habilitantes que correspondan e incompatibles con la ordenación aplicable”, aclaró.

El concejal de San Bartolomé de Tirajana prefirió no adelantar fechas concretas y optó por dar unos días al Gobierno para que desaloje los establecimientos, si bien avisó de que si eso no ocurre, el Consistorio se verá obligado a “valorar todas las opciones legales posibles” para recuperarlos.