Todos los grupos parlamentarios han apoyado el informe del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con la inclusión en ponencia de novedades: se deberá actualizar el registro de demandantes para adecuarlo al impacto de la covid y el Gobierno podrá adquirir para su conclusión promociones que quedaron inacabadas tras la crisis de 2008.
Estas son parte de las enmiendas que han presentado los grupos durante el debate en ponencia del plan, que ayer quedó listo para su discusión en un próximo pleno del Parlamento regional y en el que todos alabaron el consenso alcanzado en su trámite.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 cuenta con un presupuesto de 664 millones de euros con el objetivo de edificar unas 5.900 viviendas protegidas, en su mayor parte de alquiler, y prevé en su conjunto más de 88.000 actuaciones que podrían generar unos 28.000 empleos en las Islas.
Por el PSOE, el diputado Jorge González señaló que en un momento de tanto ruido político se ha producido un ejercicio de responsabilidad para conseguir que la política sea una herramienta para arreglar los problemas de los ciudadanos.
A medio plazo se marcan dos objetivos, el de reactivar la economía a través de la construcción y el de poner lo que se vaya finalizando a disposición de los demandantes, y a largo plazo y con menos urgencia se establece la posibilidad de terrenos para edificar obra nueva, concretó Manuel Domínguez del PP.
Socorro Beato, de CC, indicó que se ha asumido su propuesta de que no haya un “numerus clausus” de viviendas sino que el plan dinámico.
