El Gobierno canario no se opone a que se abra un debate y una reflexión sobre la armonización de la fiscalidad entre las comunidades autónomas, tal y como plantea el reciente acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para que el partido independentista catalán respalde los presupuestos del Estado de 2021. El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, es partidario de abrir un debate en el seno del Ejecutivo sobre este tema: “No lo hemos tratado pero debe generar debate y reflexión”, comentó tras el Consejo de Gobierno.
Canarias se ve parcialmente afectada por un debate de estas características ya que la intención del acuerdo PSOE-ERC va más allá de los presupuestos y entrará a formar parte de la reforma del sistema de financiación autonómica, que lleva seis años de retraso. Las Islas tienen sus impuestos propios, recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), pero también tiene tributos cedidos, que son los afectados por la armonización que promueve el acuerdo, entre ellos el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales.
En este sentido, Pérez recordó que Canarias tiene “peculiaridades fiscales históricas” incluidas en el REF y el Estatuto de Autonomía y ahí es donde se ha “concentrado” el Gobierno en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para su defensa, ante cualquier atisbo de menoscabar el fuero isleño tanto en materia de tributos como en incentivos fiscales para las empresas como la Reserva para Inversiones (RIC) o la Zona Especial Canaria (ZEC).
También ha entrado en la carrera de bajar impuestos Castiila y León y Andalucía
El gravamen cedido que ha sufrido más variaciones en los últimos años en Canarias es el de Sucesiones y Donaciones, que fue bonificado al 99% en la anterior legislatura bajo la presidencia de Fernando Clavijo y que en los presupuestos autonómicos de este año volvió a ser retocado por el cuatripartito con unos tipos progresivos en función de la cuantía de la herencia recibida.
El acuerdo entre socialistas e independentistas ha causado un gran revuelo político porque las miradas están puestas en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, que desde hace varios años cuenta con importantes ventajas fiscales a las empresas y fortunas que se instalen en el pago de impuestos, frente a otras comunidades que tienen los tipos más altos. Tanto el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como la actual ministra María Jesús Montero se han referido en varias ocasiones a la necesidad de que haya una cierta “armonización fiscal” entre las comunidades con unos tipos máximos y mínimos para que no haya las grandes diferencias que hay actualmente entre regiones, lo que ha provocado controvertidos cambios de domicilio fiscal de empresas y de grandes inversores en función de cómo estén los tipos impositivos.
Plan “lesivo”
El anuncio del acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana no solo ha encontrado la respuesta contundente de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, sino también la de todos los barones del PP. Sin una negociación con fecha en el horizonte, los dirigentes del partido con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza se han conjurado para frenar el “lesivo” plan del Gobierno. “Vamos a dar esta batalla, vamos a seguir bajando impuestos y no vamos a tolerar que [Pedro] Sánchez intente obligarnos a subirlos allí donde gobernamos. Tenemos además la ley de nuestra mano y tenemos las sentencias de los distintos tribunales de nuestra mano, y vamos a dejar muy claro que es la política económica que funciona”, afirmó el líder de los populares.
Ahora, en un contexto muy difícil por el Covid-19, el PSOE ha entregado la bandera de la armonización fiscal y la batalla política contra la Comunidad de Madrid a ERC para que la pueda vender en su guerra tradicional entre Madrid y Cataluña y colocar el foco en Ayuso y no en Sánchez, a pocos meses de las elecciones del 14 de febrero. En Madrid se paga cero euros por el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones aplica bonificaciones elevadas.
También han entrado en la carrera de bajar impuestos Castilla y León y Andalucía, presididas por el PP, con vicepresidencias de Cs. Lejos quedan las reivindicaciones de Juan Vicente Herrera (PP) o Susana Díaz (PSOE) hace unos años, cuando criticaban la competencia de Madrid.
Juanma Moreno, presidente de Andalucía, se burló ayer de que “un señor independentista de Cataluña” pida subir los impuestos. “Si se quiere equiparar, que se equipare por abajo, que bajen los impuestos en Cataluña”, apuntó, en línea con su homólogo en Murcia, Fernando López Miras (PP). El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó por fijar una horquilla de máximos y mínimos. “Pensar que la armonización es solo subir impuestos pues, hombre, eso no es armonizar, es subir impuestos”, dijo en la Ser.
«Hace 10 años, el nacionalismo catalán buscó la victimización y la identificación de un culpable externo. Ahora construyen otro enemigo: el enemigo figurado de Madrid”, denuncia Mario Garcés.
