Más vale prevenir que curar. Este ha sido el pensamiento de la Consejería de Sanidad canaria a la hora de aprobar una orden que obliga a los inmigrantes positivos en Covid 19 a guardar aislamiento. La decisión, pendiente todavía de aprobación judicial, busca acabar con el pequeño repunte de fugas sufrido en las últimas semanas: unos 35 migrantes asintomáticos han salido de los centros de acogida saltándose la cuarentena.
El Ejecutivo canario ha preferido adelantarse y atajar la situación cuanto antes a pesar de que las cifras de fugados positivos son insignificantes frente al total del llegadas: unas 19.000 personas en lo que va de año. Además, Delegación del Gobierno ha confirmado que la mayoría ya ha vuelto a los centros de acogida. “La situación no es alarmante, pero nos hemos puesto manos a la obra para acabar con cualquier fenómeno de esta naturaleza”, apuntó ayer el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, durante la presentación de la orden que fue dictada el pasado sábado.
La nueva pauta de Sanidad establece que cualquier caso positivos que no requiera hospitalización debe guardar aislamiento obligatorio, y para ello la propia consejería pone a disposición recursos alojativos propios. Serán sitios de ubicación desconocida para salvaguardar los derechos de los enfermos y además estarán acondicionados para las personas que sufren esta patología.
La orden también establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán en el aislamiento obligatorio de estas personas, impidiendo su salida de los lugares indicados hasta que tengan el alta del Servicio Canario de Salud. Por ello, Trujillo aseguró ayer que en la acción colaborarán los agentes de la Policía autonómica y la Policía Local.
Esta nueva orden puede colisionar con el derecho de movilidad de las personas, de ahí que el Gobierno de Canarias esté a la espera de la autorización judicial para ponerla en marcha. Pero el consejero explicó ayer que existen elementos de salud pública “razonables” para esta autorización ya que se trata de anteponer la salud, y dar una respuesta “eficaz y eficiente” a esta situación.
El responsable de la administración sanitaria de Canarias también anunció que se establecerá un mecanismo de coordinación “más intenso”, no solo con la Delegación del Gobierno, “sino con todas aquellas entidades privadas que prestan servicios de esta naturaleza”, como Cruz Roja.
La orden de carácter preventivo ha gustado en el Ayuntamiento de Mogán, el más vinculado a la crisis migratoria por la ubicación del campamento de Arguineguín, donde algunos días han estado hacinadas más de 2.000 personas. El primer teniente de Alcalde y responsable del área de Seguridad del consistorio sureño, Mencey Navarro, tildó de muy “positiva” la pauta del Ejecutivo y aseguró que las medidas de aislamiento no se cumplen en el campamento de la vergüenza, en donde las vallas son el único elemento que impide la mezcla de migrantes positivos y negativos. “Esperamos que el Ejecutivo utilice a los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos para asegurar el cumplimiento de las cuarentenas”, dijo.
El campamento en el muelle de Arguineguín sigue siendo el epicentro de la crisis migratoria en Canarias. Ayer llegaron a la Isla 321 migrantes, por lo que el campamento a pesar de los continuos traslados a los lugares de acogida se mantiene ocupado por más de 550 personas. Los diputados de Unidas Podemos, Enrique Santiago y Meri Pita, se trasladaron ayer al ya conocido como muelle de la vergüenza para ver la situación desde cerca. |
