Es el brazo derecho de José Antonio Valbuena en la naciente Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional. Y, precisamente, acaso por la juventud del área, se muestran resueltos a librar batalla a los efectos del calentamiento global. El primer objetivo, al que seguirán otros, promulgar una Ley de Cambio Climático, que se encuentra en fase de anteproyecto, en periodo de exposición pública, hasta el próximo 30 de diciembre, y precisa enriquecerse con la implicación de la ciudadanía. El enlace: www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas

Lo que tienen entre manos es un proyecto ambicioso, una Ley de Cambio Climático, abierta ahora a un periodo de información pública y que precisa de la participación ciudadana.

Así es. Cuando en el mes de agosto del año pasado anunciamos nuestra intención de redactarla, ya durante el trámite previo se convertía en el proyecto de ley que había sumado una mayor participación, con un total de 160 alegaciones. Eso habla por sí solo del interés que ha suscitado, a pesar de los inconvenientes que está representando la pandemia del coronavirus para su normal desarrollo. Nuestro compromiso era haber sacado el texto del anteproyecto en el mes de julio y, evidentemente, nos hemos retrasado unos meses, pero ya el Consejo de Gobierno le dio su aprobación y ahora nos encontramos en la fase de exposición pública. Lo interesante a partir de ahora es que participen todos los sectores y no sólo las administraciones públicas, que es lo que suele suceder, y que la ciudadanía vea con ojo crítico el proyecto, para mejorarlo si cabe y así, cuando se discuta en el Parlamento, los diputados dispongan de un amplio abanico de ideas con las que poder trabajar.

En comparación con otras leyes, ¿por qué razones este texto está siendo capaz de despertar mayor interés?

La realidad es que se trata de una ley muy transversal y, además, diferente a las que se han redactado en el resto del Estado español. Es muy pionera por cuanto abarca a todos los sectores productivos, económicos y sociales de Canarias, de manera que nos afecta a todos. Y también incorpora un importante capítulo de gobernanza, que contempla cómo la ley va a incidir en la ciudadanía y, asimismo, cómo esta puede aplicar todo aquello que la letra de la ley exige.

¿Acaso esta norma va a servir para medir el nivel de conciencia medioambiental que existe en las Islas?

Canarias ya muestra un alto nivel de respuesta y de sensibilidad medioambiental. De hecho, contamos con cerca del 73% del territorio sujeto a diferentes tipos de protección natural, desde un 51% de espacios naturales protegidos, a los que hay que sumar el rústico ambiental y el rústico agrario, que generan paisaje y representan un valor añadido. El Archipiélago, sin duda, siempre ha sido uno de los territorios dentro del ámbito nacional que destaca por su implicación en la preservación y protección medioambiental. Y no se trata solo de conservar la tierra donde vivimos, sino de protegernos frente a una realidad como el cambio climático que viene para quedarse, que ya nos está afectando y que lo va a hacer de manera más acusada sobre las generaciones futuras. Por eso, todo lo que seamos capaces de desarrollar ahora nos va a servir para adaptarnos ante este horizonte que ya nos están prediciendo los científicos y que nos ayudará a mitigar sus efectos mediante acciones, como es el caso de la descarbonización de las Islas, una de los iniciativas más destacadas de esta ley.

Medir y reducir la huella de carbono es una tarea común.

Cada sector deberá medir su huella de carbono. Y, en este sentido, la ley no solo obliga al sector privado, sino primero al público, como medida ejemplarizante, asumiendo su cuota de responsabilidad, que además es mucha. Porque las administraciones públicas tienen ante sí un enorme trabajo y una gran responsabilidad: su parque móvil está obsoleto; sus edificios no cumplen con la eficiencia energética; son, junto a sus sectores asociados, los mayores consumidores de energía...

A propósito, ¿cómo se articula la transición energética?

La idea es acometer esta transición partiendo desde las actuales energías fósiles en busca del objetivo de las renovables. Ese es el salto que nos proponemos, intentando que la fase intermedia dure el menor tiempo posible. Un recurso como el hidrógeno verde, que hace un año se consideraba como algo impensable, ahora está sobre la mesa. Y a eso hay que añadir la contención de la energía, es decir, el almacenamiento, porque a veces ni disponemos de la energía procedente del viento ni tampoco del sol. Ahí juega un papel destacado el aprovechamiento hidráulico y el ejemplo es la central hidroeléctrica de bombeo de Chira-Soria, que además va a servir para favorecer el flujo de agua de regadío destinada al sector primario. También se están trabajando modelos de almacenamiento mediante pilas de combustible o de aire líquido. Afortunadamente contamos con un sector empresarial en el sector de las energías muy dinámico en las Islas.

¿Ha llegado quizás el momento de dar pasos firmes y decididos hacia la diversificación del modelo productivo?

Nuestro principal motor económico y generador de fuente de riqueza es el turismo, y así debe seguir siéndolo. Ahora bien, este sector estratégico tiene que acompañarse de otros que sean capaces de aumentar la calidad del empleo en Canarias y uno de ellos puede ser, sin ningún género de dudas, el de la energía verde. Pero otro sector, y acaso más importante, por cuanto añade calidad en el servicio, es el relacionado con la economía circular. En este sentido debemos empezar a hablar y pensar en que los residuos hay que considerarlos recursos. Si somos capaces de articular procesos productivos alrededor de estos recursos, del residuo, superando la práctica de enterrar la basura en un vertedero y llegar a convertirla en un bien valioso, vamos a generar una economía de un nivel de cualificación tan elevado que contribuiremos a mejorar el tejido productivo de Canarias.

¿Fenómenos como la progresiva desertificación y sus consecuencias representan una amenaza cierta?

Tenemos serios problemas de desertificación y no solo en Lanzarote y Fuerteventura, también en Gran Canaria y La Gomera o en la vertiente sur de Tenerife. Por tanto, tenemos que ir mejorando nuestro ciclo integral del agua; no debemos arrojarla al mar y menos aún sin un tratamiento previo de descontaminación. Si así lo hacemos habremos ganado mucho. Y, además, hay que incidir en la protección de los suelos, aplicando proyectos que eviten la erosión y en consecuencia la desertificación del territorio. Y en esos dos ámbitos, no solo dice mucho esta Ley de Cambio Climático, sino las actuaciones aparejadas a ella, que ya estamos implantando.

¿Y esta ley se enseña?

Es un factor básico y fundamental. La ley establece como uno de sus objetivos la obligatoriedad de incluir materias relativas al cambio climático en la vía curricular educativa.