Bruselas ha cambiado su estrategia para combatir la crisis económica. La austeridad fue el arma para hacer frente a las consecuencias del crac financiero de finales de 2007. En cambio, Europa lucha ahora contra la crisis del coronavirus convencida de la necesidad de incrementar el gasto público. Un cambio de chip que ha hecho posible que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 incluyan el programa de inversión pública más ambicioso y de mayor cuantía de los últimos once años. Casi 1.180 millones de euros para la mejora de la red de carreteras, para la construcción de centros sociosanitarios, para levantar nuevas viviendas de protección oficial o para ampliar y modernizar la infraestructura portuaria. Una suma desconocida en la última década a la que no se habría podido llegar si el Ejecutivo comunitario no hubiera decidido mantener suspendidas las reglas fiscales de cara al próximo ejercicio. Esto ha permitido elaborar unos presupuestos keynesianos (por el economista John Maynard Keynes, firme defensor del gasto público) que el Gobierno espera apuntalar a lo largo de 2021 con mil millones de los fondos para la reconstrucción, también habilitados por Bruselas.

El detonante del crac de 2007 fueron las hipotecas basura. Sucedió en octubre. Entonces nadie en España, o, al menos, casi nadie, fue capaz de presagiar la que se venía encima. Así que los presupuestos públicos para 2008, incluidos los canarios, no se elaboraron pensando en que aquel iba a ser el primer ejercicio sumido de lleno en una larga crisis. Más bien al contrario. Por eso no resulta extraño que la inversión prevista en las cuentas autonómicas de aquel año sumara la friolera de 1.448,4 millones de euros, esto es, 268,4 millones más de lo consignado para 2021. Aunque los 1.180 millones para obra pública en el próximo ejercicio aún pueden incrementarse en el trámite de enmiendas (el Parlamento puede decidir que se incluyan proyectos), el montante último en ningún caso llegará a los niveles de 2008. En consecuencia, y pese a que varios representantes de los partidos políticos que apoyan al Ejecutivo han hablado estos días de que en 2021 se batirá el “récord” de inversiones, lo cierto es que, presupuestos en mano (otra cosa sería ver cuánto se gastó realmente), el récord sigue siendo el de 2008.

Es más, también en los presupuestos para 2009 y 2010 se recogieron inversiones más cuantiosas que las previstas para 2021, hasta 120 millones de euros más en 2009 y 24,6 más en 2010. ¿Cómo fue esto posible? Pues porque aún existía la creencia generalizada, al menos entre los políticos, de que la crisis financiera sería corta, con lo que las cuentas públicas de esos dos ejercicios todavía siguieron la inercia de los años de burbuja inmobiliaria y crédito a espuertas. Eso sí, todo cambió a partir de ahí, hasta el punto de que la media anual del presupuesto para obra pública se quedó entre 2011 y 2017 en apenas 660 millones, llegando a caer por debajo de los 500 en 2015 y 2016. Esos siete años son el ejemplo de cómo la inversión pública, a diferencia de ahora, no fue considerada como remedio contra la crisis. En 2018, 2019 y 2020, las cuentas autonómicas volvieron a incluir partidas para obras por más de mil millones, pero sin llegar a los 1.180 para 2021, la mayor suma en 11 años.

Además, Hacienda no prevé recurrir al endeudamiento para financiar el programa de inversiones (y podría hacerlo sin problemas por la buena situación financiera), y ni siquiera se dispone aún de la mayor parte de los fondos de reconstrucción europeos a los que se aspira. Sin embargo, el Ejecutivo sí cuenta con el margen que le da la suspensión de las reglas fiscales, con lo que puede usar los remanentes de tesorería. Y a ello se suman las transferencias del sistema de financiación autonómico, que en 2021 se mantendrán en las cifras previas a la crisis pese a la caída de la recaudación pública.