La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias buscará fórmulas para destinar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía de las Islas a acciones que conviertan al Archipiélago en un territorio más sostenible. Un porcentaje que se traduce en unos 850 millones de euros anuales, tal y como concretó ayer el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, después de que el Consejo de Gobierno aprobara el anteproyecto de esta ley.

Valbuena especificó que en la actualidad Canarias "está cerca de esa cifra", ya que explicó que estos fondos no solo estarán recogidos en el presupuesto del área que coordina sino también en las que se gestionarán a través de otras consejerías y que estén vinculadas a la acción climática, como los planes para fomentar los productos de kilómetro cero o el turismo sostenible.

El consejero aseguró que el anteproyecto aprobado ayer es un documento "ambicioso", que tiene el objetivo de "cambiar el rumbo en materia de acción climática que ha tenido Canarias en los últimos años".

Destacó que la nueva norma establece obligaciones tanto para las administraciones públicas como para el sector privado. Entre los diferentes objetivos que marcará esta normativa una vez que sea aprobada se encuentra la descarbonización de Canarias de cara al año 2040. Un proceso que no solo reducirá drásticamente la emisión de gases a la atmósfera sino que también puede atraer inversiones y generar empleo.

Valbuena señaló que las administraciones públicas deben ser ejemplarizantes en todo este proceso y tienen que promover la sostenibilidad energética con acciones como la adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes o favoreciendo que este criterio sea tenido en cuenta en el uso de sus diferentes inmuebles.

En cuanto a las medidas que pondrá en marcha para mejorar el transporte y la movilidad, la ley prevé que los grandes centros de trabajo y espacios educativos, como las universidades, desarrollen planes de movilidad sostenible para sus usuarios, así como fomentar el cambio a vehículos menos contaminantes entre los particulares, pero también en las empresas dedicadas al transporte para que puedan renovar su flota.

Asimismo, la ley obligará a algunas empresas a inscribirse en el nuevo Registro Canario de Huella de Carbono, con el objetivo de conocer "cuál es la huella de carbono asociado a nuestro modelo económico", posibilitando poder crear después "sistemas de compensación".

Otras acciones

Entre otras medidas, la nueva norma también prevé comenzar a analizar cuál es el impacto en la generación de gases de efecto invernadero y la demanda de recursos energéticos y generación de residuos en las actuaciones vinculadas a la ordenación del territorio, así como mitigar los efectos del cambio climático en el litoral de las Islas a través de la ordenación urbanística.

Además, contempla que la huella ecológica sea tenida en cuenta en la realización de eventos y en diferentes contrataciones, la mejora de la eficiencia energética de los inmuebles públicos, así como diferentes acciones dirigidas al sector turístico, para que continúe fomentando su apuesta por la sostenibilidad, que puede convertirse en un elemento diferenciador del destino.

Valbuena destacó que a la ley todavía le queda ahora un proceso de tramitación hasta que pueda ser aprobada en el Parlamento de Canarias, pero quiso dejar claro que el nivel de participación pública, tanto en el periodo anterior como en el que comienza ahora ha sido elevado y que no ha dejado fuera a ningún sector.

La norma, que se articula en 97 artículos divididos en seis capítulos, también contempla la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático, que funcionará como organismo coordinador y de asesoramiento.