Canarias y el Estado ponen fecha para negociar la deuda de carreteras

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado en un encuentro que mantuvo con Pedro Saura, Secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Carreteras, iniciar el calendario de negociaciones para cerrar de forma definitiva la transferencia de más de 450 millones de euros que el Estado adeuda a la Comunidad Autónoma de Canarias del anterior Convenio de Carreteras (2012-2017).

Según una nota de Obras Públicas, los representantes estatal y autonómico se sentarán en enero del próximo año para iniciar la negociación de un acuerdo que tiene por objeto modificar, mediante una adenda, el actual Convenio firmado en 2018 entre el entonces Ministerio de Fomento y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de carreteras 2018-2027.

La modificación se realizaría para sumar a la dotación inicial de 1.200 millones de euros los más de 450 millones de euros de la deuda avalada por la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la Comunidad Autónoma de Canarias. Tanto el consejero Sebastián Franquis como el secretario de Estado Pedro Saura están de acuerdo en suscribir una adenda para dar cumplimiento a esta sentencia, referida exclusivamente a las actuaciones no financiadas y no ejecutadas, y transferir los fondos a las Islas de nuevas anualidades del actual convenio.

Además, el consejero Franquis trasladará a la Administración estatal la necesidad de modificar el Anexo I del convenio vigente, en el que se relaciona las obras que son susceptibles de ser financiadas por el Ministerio, para incluir obras del convenio anterior siempre y cuando su ejecución se haya realizado desde el 1 de enero de 2018, fecha de efecto de las sentencias del Tribunal Supremo que han dado la razón a Canarias. Esta adenda modificativa tendría amparo en el régimen general en materia de infraestructuras que se va a incluir en la _Ley de Presupuestos de 2021.

La deuda del Estado con Canarias por el antiguo Convenio de Carreteras se origina durante el periodo comprendido entre 2012 y 2017, ya que las transferencias efectuadas por el Gobierno central de entonces al Gobierno de Canarias en el ámbito del Convenio fueron inferiores en cerca de 900 millones de euros a las cantidades comprometidas en virtud del citado convenio. A raíz de estos recortes, la Comunidad Autónoma recurrió a los tribunales, que dieron la razón a Canarias y declararon la obligación de la Administración General del Estado de transferir al Archipiélago las cantidades comprometidas en el citado convenio incrementadas con los intereses correspondientes desde la fecha en la que la transferencia debió ser efectiva.

A comienzos de septiembre de 2019, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, obtuvo el compromiso político del ministro José Luis Ábalos de reestructurar el convenio vigente (1.200 millones de euros a ejecutar en ocho años) para sumar a la dotación global la parte de la deuda avalada por sentencia del Supremo que hasta entonces el Gobierno de Sánchez se resistía a reconocer, y redistribuir las partidas no ejecutadas en 2018 y 2019, que ascienden a 60 millones de euros por anualidad.

Desde esa fecha, el compromiso del titular de Transportes se ha venido postergando sin fecha, primero por la inestabilidad política que forzó una repetición electoral en noviembre, y tuvo al Ejecutivo en funciones hasta enero; luego por la falta de Presupuestos que diera cobertura a las partidas financieras; y por último, cuando ya había una reunión fijada entre Ábalos y Franquis para renegociar el fondo de carreteras, todo se volvió a paralizar por la pandemia del coronavirus.