La Fiscalía de Canarias ha dado marcha atrás y ha eliminado el protocolo que separaba a madres migrantes de sus hijos nada más llegar a las Islas, una medida que generó duras críticas por parte de organizaciones sociales y hasta el Gobierno de Canarias, e hizo que el Defensor del Pueblo abriera una investigación. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, dictó una instrucción en la que insta a los representantes del Ministerio Público en las Islas a "interesar el ingreso de los menores" inmigrantes llegados en pateras "en centros de protección junto a los adultos que aleguen ser sus progenitores".

Con esta nueva pauta de actuación pretende evitar que en adelante los pequeños sigan siendo separados de sus padres hasta que se obtienen los resultados de las pruebas de ADN que se realizan tras su llegada a las Islas para comprobar su filiación. Todos los casos se produjeron en la provincia de Las Palmas. Este protocolo se estableció a finales de 2019 ante las sospechas de casos de trata de seres humanos por la utilización de estos menores como niños ancla para entrar irregularmente en España por parte de mujeres que decían ser sus madres y que, una vez en el país, "desaparecían" antes de que las pruebas de ADN confirmaran que no tenían ningún alguno con los pequeños, recuerda la instrucción, a la que tuvo acceso Efe.

"Para dar mejor respuesta a las situaciones planteadas en el pasado, la administración competente para adoptar las medidas de protección de los menores dispone en la actualidad de plazas residenciales en las que es posible la convivencia en un mismo lugar de los/las menores y los adultos que los acompañen", una situación que se considera "más adecuada para garantizar el superior interés del menor", refiere el escrito de Del Río. Por ello, el fiscal superior de Canarias establece que en adelante, y ante estos supuestos, los fiscales de esta comunidad "solicitarán el ingreso del menor y de quien diga ser su progenitora en alguno de los establecimientos residenciales con plazas disponibles para alojar familias biparentales y/o mujeres acompañadas de menores".

Aunque este será el criterio de aplicación preferente, "deberá ceder en aquellos casos en los que se considere que la convivencia del menor con el adulto que manifiesta ser su progenitor/a pueda provocar una situación de riesgo para su seguridad y/o su superior interés". Esta instrucción de Luis del Río se produce días después de que Marissa, Mariame, Bintou, Aissa y Chata, cinco madres llegadas en patera a Fuerteventura con sus hijos, de muy corta edad, denunciaran a la agencia Efe que llevaban hasta dos meses sin verlos como consecuencia de la aplicación de las vigentes directrices de la Fiscalía de Menores para prevenir el tráfico de niños, cuyos efectos también ha criticado la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, a quien compete la tutela de los niños en desamparo.

El Gobierno canario tiene constancia de, al menos, doce casos de madres que han sido separadas de sus hijos tras su llegada a la provincia de Las Palmas, seis en Fuerteventura y otros seis en Gran Canaria. El último caso ocurrió el martes de la semana pasada cuando un niño de tres años fue retirado a su madre en Gran Canaria. La Comisaría de Extranjería cifró en 416 los menores que llegaron en patera a España en 2019 acompañados de adultos. Ese mismo año, se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes, un número que incluye, además de las pateras, las pruebas realizadas en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.