La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, presentó ayer una denuncia para pedir que se depuren las responsabilidades penales en las que cree que puede estar incurriendo el Gobierno español por su "inacción" respecto del campamento del muelle de Arguineguín y la vulneración de los derechos de los inmigrantes allí acogidos. Antes de registrar su denuncia en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, Bueno exigió ante los periodistas que se desmantele de una vez ese campamento, que ella califica de "muelle de la vergüenza", y que los inmigrantes que permanecen en él sean derivados a otros recursos.

Según los últimos datos facilitados por Cruz Roja, en estos momentos 639 inmigrantes africanos permanecen en el muelle de Arguineguín que, hace solo unos días, llegó a acoger a más de 1.300 personas bajo carpas y tiendas de campaña. La alcaldesa insistió en la "inacción del Gobierno para dar una solución definitiva" a la crisis migratoria en el muelle pesquero, que supone "una vulneración de los Derechos Humanos" de los inmigrantes, que se lleva sucediendo desde el 20 de agosto, fecha en la que se instaló el campamento.

Bueno recalcó que antes de interponer esta denuncia se ha "agotado la vía institucional", por lo que se ve "en la obligación" de que el Ayuntamiento de Mogán, con su alcaldesa como representante, "se persone en los juzgados". En la denuncia se detallan "las vulneraciones de derechos humanos" que se han vivido en los últimos meses, con las que se "apela a la Justicia" para que ésta se pronuncie y el campamento "se levante" y "se les de dignidad a las personas que llevan mucho tiempo en el muelle de Arguineguín".