La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha presentado este miércoles una denuncia para pedir que se depuren las responsabilidades penales en las que cree que puede estar incurriendo el Gobierno español por su "inacción" respecto del campamento del muelle de Arguineguín y la vulneración de los derechos de los inmigrantes allí acogidos.
Antes de registrar su denuncia en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, Bueno ha exigido ante los periodistas que se desmantele de una vez ese campamento, que ella califica de "muelle de la vergüenza", y que los inmigrantes que permanecen en él sean derivados a otros recursos.
Según los últimos datos facilitados por Cruz Roja, en estos momentos 639 inmigrantes africanos permanecen en el muelle de Arguineguín que, hace solo unos días, llegó a acoger a más de 1.300 personas bajo carpas y tiendas de campaña.
La alcaldesa ha insistido en la "inacción del Gobierno para dar una solución definitiva" a la crisis migratoria en el muelle pesquero, que supone "una vulneración de los Derechos Humanos" de los inmigrantes, que se lleva sucediendo desde el 20 de agosto, fecha en la que se instaló el campamento.
Bueno ha recalcado que antes de interponer esta denuncia se ha "agotado la vía institucional", por lo que se ve "en la obligación" de que el Ayuntamiento de Mogán, con su alcaldesa como representante, "se persone en los juzgados".
En la denuncia, ha explicado a los medios de comunicación, se detallan "las vulneraciones de derechos humanos" que se han vivido en los últimos meses, con las que se "apela a la Justicia" para que ésta se pronuncie y el campamento "se levante" y "se les de dignidad a las personas que llevan mucho tiempo en el muelle de Arguineguín".
La regidora moganera entiende que "la competencia es del Gobierno de España", aunque deja esta decisión a criterio del juez.
Según alega, a lo largo de estos meses "diferentes autoridades de distinta índole, incluso un ministro y, en varias ocasiones, el delegado del Gobierno en Canarias" han visitado el muelle, y "no se ha hecho nada para desmantelar el campamento".
Al contrario, han seguido "contratando hoteles", en vez de "poner a disposición las instalaciones militares que reivindica el Ayuntamiento e incluso Presidencia del Gobierno de Canarias", aptas para albergar a estas personas "de una manera digna y no tenerlos abandonados".
Los hoteles y recintos extrahoteleros no son la solución, ha subrayado Bueno, aunque "es mejor que estén ahí que no tirados en este campamento sobre el asfalto durante días".
Si se vuelve a recuperar el turismo, ha indicado, "será incompatible albergar inmigrantes y turistas en los hoteles, y así lo dirán los turoperadores y empresarios" llegado el momento.
En 2006, fecha de la anterior crisis migratoria en la que llegaron a las islas más de 32.000 migrantes, ha recordado que el Gobierno de España "dispuso de instalaciones militares para albergar a estas personas".
