Canarias es la tercera comunidad de España con "peor desarrollo del sistema de Servicios Sociales" y en su territorio la cobertura de prestaciones y servicios sigue siendo "una de las más bajas" con relación a la media estatal, según el PP. La presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, considera que "el panorama es desolador" y se ha preguntado qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe con eficiencia.

"Seguimos sin reducir la alta tasa de personas desatendidas -denunció la presidenta popular- un 23% de los canarios con derecho a una prestación no la reciben y continúa la trampa estadística de dejar de valorar a las personas solicitantes para no aumentar la lista de espera. Cuando la media estatal de personas sin valorar es del 8%, en Canarias es del 31%; 17.196 solicitantes enredados en la maraña burocrática a la espera de valoración".

Otro tanto es la situación en los discapacitados, según la formación popular. "Que, a día de hoy, 15.000 canarios estén esperando por un reconocimiento de discapacidad supone un auténtico fracaso, como tampoco es de recibo el tiempo de espera desde la solicitud hasta la resolución, más del doble que la media nacional", añadió la también portavoz del PP en el Parlamento.

La cobertura de las necesidades es una de las más bajas del Estado, según la presidenta del PP, que ayer analizó la gestión del Gobierno de Canarias en derechos sociales y las propuestas elaboradas por su partido en ese área.

Otro de los problemas que afronta el Archipiélago es el solapamiento y duplicidad de prestaciones debido a la falta de coordinación entre los ayuntamientos y el Gobierno.

Igualmente, el 35% de los canarios están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje muy superior al de otras comunidades autónomas. La presidenta del PP aseguró que "el supuesto escudo social" que esgrime el Gobierno para proteger a esos ciudadanos "solo es propaganda" sin una realidad detrás.

En relación con el Ingreso Canario de Emergencia y el Ingreso Mínimo Vital, estas medidas solo han llegado a una minoría de los canarios, según la dirigente popular. El Ingreso Canario de Emergencia ha llegado a tres de cada diez familias vulnerables que lo han solicitado y el Ingreso Mínimo Vital ha dejado fuera a casi 70.000 solicitantes en las Islas. "El Gobierno de Canarias es incapaz de afrontar la situación y ello va a tener consecuencias para todos los canarios, en especial para los más desfavorecidos", criticó.

Por su parte, el presidente del PP de Gran Canaria y portavoz de Derechos Sociales del grupo popular en el Parlamento regional, Poli Suárez, informó que su formación ha aportado una serie de medidas con el objetivo de contribuir a la mejora de la situación social de Canarias, pero la Consejería de Derechos Sociales no las ha tenido en cuenta. Entre las aportaciones del PP de Canarias, Suárez destacó la necesidad de desarrollar un plan de empleo específico para el área de asuntos sociales, valorado en 10 millones de euros, en el que participen los ayuntamientos, cabildos y los distintos colegios sociales, con el objetivo de reducir las listas de espera en el ámbito de los servicios sociales en el Archipiélago y corregir las actuales deficiencias.

Suárez también hizo hincapié en la necesidad de crear un plan de empleo para los jóvenes que contribuya a mejorar la empleabilidad; además de garantizar a los menores de 30 años una oferta individualizada y de calidad de empleo, autoempleo o acción formativa. Igualmente, el PP pide a la Consejería de Derechos Sociales un plan de formación para jóvenes desempleados y para los que han completado la formación para insertarlos en el mercado laboral.