El Defensor del Pueblo abrió ayer una investigación sobre la decisión de la Fiscalía de separar a las madres que llegan a Canarias en patera de los niños que traen consigo en su travesía hasta certificar por la vía de ADN que son sus hijos, tras recibir dos quejas al respecto. Una portavoz de esta institución confirmó a Efe que van a estudiar lo que está ocurriendo con esos niños, que se ven afectados por un protocolo diseñado para prevenir el tráfico de menores, pero que conlleva que son separados temporalmente de sus madres, como se recogía en el reportaje de Eloy Vera publicado ayer por este periódico.

La Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias y la Familia -responsable de tutelar a los menores en desamparo- ha subrayado que no está de acuerdo con esa práctica, porque cree que vulnera los derechos de los niños, y la Fiscalía Superior de Canarias ha anunciado que la está "reevaluando". Como adelantó el martes Efe, cuatro mujeres de origen subsahariano esperan en Fuerteventura los resultados de las pruebas de ADN para poder volver a estar junto a sus hijos. Tres de ellas llevan separadas de los menores desde finales de agosto cuando llegaron en patera a la isla.

El Gobierno canario tiene constancia de, al menos, doce casos de madres que han sido separadas de sus hijos tras su llegada a la provincia de Las Palmas, seis en Fuerteventura y otros seis en Gran Canaria. El último caso ocurrió este martes por la mañana cuando un niño de tres años fue retirado a su madre en Gran Canaria.

416 menores en patera

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras cifró en 416 los menores que llegaron en patera a España en 2019 acompañados de adultos. Ese mismo año, se realizaron 651 pruebas de ADN para acreditar el vínculo de filiación, de las que 39 fueron negativas y 38 estaban pendientes, un número que incluye, además de las pateras, las pruebas realizadas en Ceuta y Melilla. Son datos que expone en su último informe anual de 2019 el propio Defensor del Pueblo, en un apartado en que subraya que "sigue con preocupación esta situación desde 2013" por lo que ha convocado varias reuniones de coordinación para abordar la cuestión. La última se celebró en octubre del pasado año con participación de todos los organismos de las distintas administraciones, en un encuentro en el que se plantearon propuestas de mejora para los menores que llegan acompañados de adultos a España. Entre ellas, se apuntó la necesidad de incluir mejoras en el protocolo de llegadas para que, junto a las pruebas de ADN, "se informe a la persona adulta de las obligaciones que contrae respecto al menor hasta recibir su resultado".

También se plantea desde el Defensor del Pueblo la necesidad de revisar el sistema para el registro de estos menores para que "se ponga en el centro el interés superior del menor y las obligaciones que dimanan de la Convención sobre los Derechos del Niño".

Asimismo, se recomienda asignar recursos residenciales específicos, en coordinación con los servicios sociales municipales, para que se haga "un seguimiento estrecho" que permita averiguar el vínculo del adulto con el menor hasta que se conozcan los resultados de las pruebas de ADN.

En unas jornadas celebradas en octubre de 2019 para avanzar en la protección de los niños que llegan a España en patera junto a adultos, Francisco Fernández Marugán defendió que el traslado del caso a Fiscalía o al ayuntamiento de la localidad "no implica en todo caso la retirada del niño o niña del adulto que le acompaña y su ingreso en un centro de protección". Para Fernández Marugán, si se constata que no se ha producido una situación de abandono, la actuación de los poderes públicos deberá estar limitada a "garantizar los derechos que asisten al menor y a disminuir los factores de riesgo que le afecten.

Defensa del protocolo

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado defiende el protocolo que utiliza para prevenir posibles casos de tráfico de menores con los niños que llegan en las pateras, pero reconoce que "la desmesurada presión migratoria" que sufre Canarias está provocando retrasos en las pruebas de ADN y ofrece al Gobierno autonómico impulsar los reagrupamientos familiares.

En un comunicado, la Fiscalía sale al paso así de las quejas expresadas por mujeres inmigrantes llegadas en las últimas semanas a Canarias y a las que les han retirado los niños hasta que una prueba de ADN acredite su parentesco, en una separación que para algunas de ellas se prolonga ya cerca de dos meses. Sus protestas han sido respaldadas expresamente por la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno canario, cuya titular, Iratxe Serrano, ha defendido que ese protocolo vulnera los derechos del niño al que separan de su madre o de su padre.

El Ministerio Público explica el sentido de ese procedimiento: desde finales de 2019, dice, se ha detectado "un número alarmante de casos" en los que una mujer llegada irregularmente a España ha desaparecido con el niño que decía que era su hijo, un parentesco que más tarde desmentían los análisis genéticos. Se trata del fenómeno conocido como los niños ancla (pequeños utilizados como pantalla para evitar la expulsión del adulto que llega irregularmente con él), por lo que "urgía proteger a los menores del riesgo de ser objeto de utilización para otros fines, o incluso para favorecer situaciones de trata".

Protocolo temporal

La Fiscalía General del Estado precisa que ese protocolo de actuación tiene vocación "temporal". "La desmesurada presión migratoria sufrida específicamente en el ámbito de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, con particular incidencia en Gran Canaria y Fuerteventura- ha dado lugar a que la notificación de los resultados de las pruebas de ADN que se llevan a cabo por parte de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía sufran grandes retrasos", admite.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado sostiene que las órdenes libradas por la Fiscalía de Las Palmas "únicamente implican la puesta de los menores, a excepción de los lactantes, a disposición de los centros de protección de menores dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, ante la situación de riesgo y posible desamparo". De forma que compete a esa Dirección General, precisa, "valorar la conveniencia de mantener la situación de separación, o la de acordar, en cualquier momento, la reagrupación familiar si lo considera procedente", bajo la supervisión de la Fiscalía, que puede "controlar" sus actos o recurrir ante los tribunales sus decisiones.

"Para paliar en la medida de lo posible esta situación, y puesto que se mantenían los contactos de los menores con las personas que afirmaban tener con ellos vínculo familiar, la Fiscalía propuso que los técnicos de los centros de protección, en función de lo percibido en tales contactos con los menores, emitieran informe respecto de la situación detectada, de forma que la Dirección General pudiera acordar la reagrupación familiar si así lo estimara procedente", agrega. Y anuncia que está valorando "diariamente" la situación y revisará sus criterios "una vez haya constatado la desaparición del riesgo que motivó su decisión". Y sugiere que "se procuren espacios o centros en los que se garantice que menores y progenitores mantengan la situación de convivencia. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, ha manifestado que se está "reevaluando" el proceder.