La Fiscalía solicita una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien acusa de haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.
La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero siguió "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.
La Fiscalía sostiene que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de comienzos de la pasada década, pero que en realidad buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios". señala.
