La ONG Caminando Fronteras exige que España disponga de protocolos homogéneos para garantizar en todos los casos los derechos de los inmigrantes que mueren o desaparecen en la Ruta canaria, como las 700 personas que iban en 23 pateras y de las que no se tienen noticias.

Así lo manifestó ayer en una rueda de prensa Helena Maleno, la responsable de esta ONG, que desde 2002 acompaña los procesos migratorios de personas que recurren a su teléfono de alertas por ser "el único instrumento de referencia para no morir" en su intento de llegar a Europa en busca de un futuro mejor. A ella acuden las familias cuando no tienen noticias de sus hijos, padres o hermanos días después de haber zarpado desde algún punto entre el noroeste de Marruecos y Senegal; o los propios migrantes cuando han perdido el rumbo el alta mar.

Maleno considera que la militarización del Mediterráneo en los últimos dos años ha conducido a que la frontera sur de Europa se haya trasladado al Atlántico, concretamente a Canarias, que es en la actualidad la ruta migratoria más peligrosa tras la de Libia.

La activista insistió en la necesidad que tienen las familias de las personas que mueren o desaparecen en su travesía hacia Europa de saber qué ha pasado con ellas y qué procedimiento se ha seguido para enterrarlas, en los casos en los que haya sido posible, ya que estima que existe un "vacío" por el que muchos países de la UE se niegan a reconocer los derechos de los migrantes que fallecen intentando alcanzar sus costas.

Esas familias, que siguen preguntando por los suyos meses después de su partida, necesitan saber si han recibido un enterramiento digno, acorde con sus creencias, y quién les ha acompañado en su final, para que algún día puedan venir aquí a buscarlos, subrayó Maleno.

La organización pretende ponerse en contacto con el Centro Nacional de Desaparecidos para tratar de que se encargue de "dignificar las muertes" de los migrantes o establecer unos protocolos homogéneos que permitan "saber cómo se han de registrar" esos fallecimientos, lo que evitaría que la información extraoficial que se posee en la actualidad pueda seguir siendo utilizada para extorsionar y también para difundir bulos acerca del devenir de estas personas.