La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, ha dicho este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que pedirá fondos europeos para poder terminar el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias.
La consejera, que ha comparecido a petición del grupo popular para hacer un balance de la gestión de su departamento en el último año, ha indicado que el plan de infraestructuras sociosanitarias está aproximadamente a la mitad de su desarrollo y se necesitarían unos 71 millones de euros para terminarlo.
En un comunicado de la Consejería de Derechos Sociales, se indica que si se consigue que Europa preste la financiación para la finalizar el plan sería "sería muy beneficioso tanto para cabildos, como para el Gobierno y, en definitiva, para la ciudadanía y permitiría a Canarias ir saldando el actual déficit de plazas sociosanitarias".
"Esto nos permitiría, además, derivar la inversión hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados, con residencias más pequeñas y de proximidad, comunidades residenciales de servicios compartidos tipo 'cohousing', potenciar la ayuda a domicilio e incrementar la digitalización y nuevas tecnologías en los servicios asociados a las personas mayores", ha agregado la consejera.
Recuerda Santana que para el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias se preveía una inversión en el periodo 2017-2021 (ahora 2022) de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta unos 160 millones y los cabildos los 100 millones restantes.
Ante la situación de pandemia, que obligó a paralizar numerosos trámites, la Consejería de Derechos Sociales amplió el plazo de ejecución del citado plan para los Cabildos hasta finales de 2022.
En el plan se incluye la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de los recursos existentes, con la ampliación y el incremento hasta 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores.
También ha dicho la consejera que a finales de mes se llevará al Parlamento el proyecto de ley de Renta Ciudadana, que, una vez sea aprobado, complementará al Ingreso Mínimo Vital del Estado.
"Estas dos rentas, juntas, permitirán sacar de la pobreza a esas 50.000 personas y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta que se apruebe, hemos permitido que la ciudadanía pueda seguir solicitando la PCI y que ambas prestaciones sean complementarias en su totalidad", ha explicado la responsable del área.
En relación a la PCI, ha señalado la modificación realizada por el Ejecutivo que permitió ampliar de 5.000 familias que se beneficiaban de esta ayuda, a las más de 8.000 familias actuales.
A esta medida suma la consejera el desbloqueo de los 12 millones de euros correspondientes a los fondos de pobreza, el adelanto de la financiación a los ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y las medidas de mejora en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.
