La mitad de los migrantes ya han sido derivados a la Península

El notable aumento de la inmigración irregular procedente del vecino continente africano pilló desprevenido al Gobierno central, que apenas disponía de un centenar de plazas para alojar a estas personas. Así lo aseguró ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que reconoció que la capacidad del Archipiélago para acoger a los migrantes es "claramente insuficiente". El objetivo ahora es evitar que sigan viéndose imágenes de personas hacinadas en los muelles, como viene ocurriendo en el de Arguineguín, y darles un trato digno y a la altura de unas circunstancias agravadas por la pandemia de coronavirus. Por un lado, en el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska están acelerando las derivaciones a la Península, de modo que la responsabilidad de atender a los migrantes no recaiga en una sola región; por otro, en el Departamento de Escrivá han pisado el acelerador para encontrar nuevos alojamientos temporales, una tarea en la que también está involucrado el Ministerio de Defensa.

Coincidiendo con la gira canaria del titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que comenzó ayer en Tenerife y continuará hoy y mañana en Gran Canaria y Fuerteventura, Defensa anunció que cede el cuartel de Las Canteras, en La Laguna, para "uso civil", el primer paso para que pueda servir de alojamiento temporal. El anuncio del Ministerio que timonea Margarita Robles no solo es relevante en la medida en que contribuirá a paliar la crisis migratoria, sino también porque supone que el Estado da marcha atrás. Aunque el teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Carlos Palacios, aseguró que Defensa había ofrecido instalaciones para aliviar la situación hace ya meses, también es cierto que en las últimas semanas el Ministerio se había mostrado reacio. Ayer, sin embargo, se produjo un nuevo giro con el ofrecimiento del acuartelamiento de Las Canteras, el mismo en el que ya se pensó para el mismo fin durante la crisis de los cayucos de 2007.

Así pues, parece haber surtido efecto el toque de atención que el Senado le dio el miércoles a la ministra Robles. La Cámara Alta, con el apoyo de la amplísima mayoría del hemiciclo, aprobó una moción de Coalición Canaria, consensuada luego con el PP, la Agrupación Socialista Gomera y el mismo Partido Socialista, que pide una "distribución solidaria" de las miles de personas llegadas en cayucos y pateras entre todo el territorio nacional y que Defensa ceda al fin las instalaciones con que cuenta en las Islas. El Ministerio parece haber encajado el golpe, aunque de momento solo ha ofrecido el cuartel de Las Canteras, que está abandonado y en mal estado, por lo que está por ver en qué medida servirá para acoger a estas personas.

2.500 plazas en hoteles

De los tres millares de migrantes que aún permanecen en Canarias, la mayoría se aloja en los hoteles que los empresarios han puesto a disposición del Estado. El propio Escrivá apuntó tras reunirse con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, que la ayuda de los hoteleros se traduce en 2.500 plazas, la mayor parte ocupada en estos momentos. "Están ampliamente utilizadas pero no completamente", puntualizó el ministro.

La gestión de la crisis migratoria también fue ayer motivo de crítica de la oposición. Guillermo Mariscal, diputado del PP en las Cortes por la provincia de Las Palmas, lamentó que la visita de Escrivá no se haya producido hasta "tres meses después de la arribada de inmigrantes". Mariscal también cargó con dureza contra el Gobierno central por la desatención a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han estado atendiendo a los migrantes en el muelle de Arguineguín, quienes, aseguró, "no se sometieron a ningún tipo de prueba sanitaria previa ni posterior".