Treinta de los 42 migrantes retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguran ser de Mali, serán trasladados en breve a un centro humanitario tras haber solicitado protección internacional ante la Policía. El juez que supervisa el CIE, Arcadio Díaz Tejera, informó de la petición que realizaron estas personas tras la entrevista que él mismo mantuvo el miércoles en el patio del centro con todos sus internos en este momento: 29 nacionales de Mali, 10 de Senegal, dos de Gambia y uno de Mauritania. En ese encuentro, el magistrado explicó a estas 42 personas los derechos que les asisten, porque, según le trasladaron, no les habían informado sobre ellos tras su llegada en patera a las costas de Gran Canaria. Díaz Tejera indicó que uno de los ciudadanos de Senegal asegura ser de Mali, por lo que pidió también protección. El magistrado recordó que los migrantes indocumentados deben conocer sus derechos a través de un abogado y de un intérprete, y de forma individual y privada.

Estos migrantes tendrán una primera entrevista la próxima semana con un inspector de Policía para que acredite la situación de peligro que alegan por la situación bélica de Mali, que después será revisada por la Comisión de Asilo, que emitirá una resolución, que es susceptible de revisar de nuevo, según explicó el magistrado.

Díaz Tejera informó de que el pasado lunes estuvo en el CIE, donde se entrevistó con el personal sanitario y los policías que se encargan de la vigilancia, y estableció un día a la semana para entrevistarse con los inmigrantes. El magistrado expresó su extrañeza en que los primeros 31 migrantes que fueron internados en un principio el CIE de Tenerife pidieran todos protección internacional y en San Bartolomé de Tirajana, ninguno. "Ninguna de las dos realidades se ajustan a la verdad, no puede ser", aseguró.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife denegó el pasado viernes el ingreso en un CIE a las 31 personas que llegaron en cayuco a la semana pasada por haber pedido protección internacional y asilo como refugiados en huida de Mali, al tratarse de un país en guerra. María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres les ofreció esta posibilidad de acuerdo con las nuevas competencias que atribuye a los jueces españoles la llamada doctrina Luxemburgo, una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esta instructora aplicó por primera vez en Canarias.