Al cierre de la primera mitad del ejercicio, la Comunidad Autónoma tan solo había invertido un 9,3% del total presupuestado para 2020. Las inversiones efectivamente ejecutadas de enero a junio no movilizaron ni siquiera uno de cada diez euros consignados en las cuentas públicas de la región. Al Gobierno de Canarias le quedan así por delante otros seis meses para emplear la mayor parte de los casi 1.057 millones anotados en los capítulos VI y VII de sus presupuestos, que son los que registran las inversiones, tanto directas como indirectas, que una empresa o institución prevé llevar a cabo a lo largo del ejercicio. De momento, el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, que apenas ha mejorado levemente los porcentajes de ejecución del año pasado, se mueve en cifras similares a las del Gobierno de su inmediato antecesor, Fernando Clavijo. En definitiva, el Archipiélago se perpetúa entre las regiones del país que más dificultades tienen para cumplir su programa anual de inversiones, un mal casi endémico de la Administración canaria. En otras palabras: todo parece que las consejerías y sus organismos y entes dependientes (desde el Servicio Canario de la Salud y el Servicio Canario de Empleo hasta la Agencia Tributaria o el Instituto de la Vivienda) una vez más tendrán que darse prisa en la recta final del año para al menos invertir una digna parte de lo presupuestado.
