Se aproxima una verdadera prueba de fuego para el nuevo REF de Canarias aprobado a finales de 2018. La presentación de los Presupuestos estatales para el 2021 en la próximas semanas deberá constatar hasta qué punto el Gobierno central está en condiciones de cumplir con el fuero isleño, un mandato constitucional que el Estado siempre se ha saltado por alto y sobre el que ahora tendrá nuevas dificultades de aplicación como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria que afecta a todo el planeta.
La experiencia de incumplimientos permanentes y continuados de los distintos ejecutivos estatales, independientemente de su color político, incluso durante ciclos económicos expansivos, y la evidencia de una próximas cuentas públicas atenazadas por la crisis, pone en guardia a los agentes económicos y políticos de las Islas, que alertan ya sobre la posibilidad de que el nuevo REF canario se quede en "papel mojado" justo cuando más necesaria sería toda su potencialidad de actuación como herramienta de rescate de la situación en que se encuentra el Archipiélago
La defensa de la mejoras introducidas en la reforma de hace casi dos años es el argumento al que desde hace meses apelan empresarios, partidos e instituciones de las Islas, incluido el Gobierno regional, de cara a las previsiones presupuestarias del Estado para el 2021. Serán los primeros presupuestos, si es que que logran el visto bueno de las Cortes, que deberían reflejar las modificaciones del REF tras dos años de prórroga de las cuentas aún en vigor, las de 2018. Y es por eso que se pone especial énfasis en la necesidad de vigilar el proyecto que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva al Congreso, previsiblemente a lo largo del mes de octubre.
Pero patronales, formaciones políticas y administraciones no las ven todas consigo. Hay una clara tendencia en estos momentos a ponerse la venda antes de que se produzca la herida considerando que, si en condiciones normales siempre se ha dejado a Canarias por debajo de la inversión media estatal, tal como señala el REF, ven difícil que eso se vaya a corregir en este contexto de Presupuestos condicionados por la pandemia y por el ingente volumen de recursos necesarios para hacer frente a sus consecuencias. Se señala en este sentido que si el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de poner sobre la mesa un plan de rescate para hacer frente a la crisis social y económica derivada del parón del sector turístico, del que depende el 35 % del PIB y el 40 % del empleo de la región, difícil será que eso se vaya a concretar a través de la ficha financiera canaria en las cuentas del Estado. Ello pese a que el Estado cuenta con ese volumen extra de fondos europeos, 75.000 millones no reembolsables, de los que el Ejecutivo tiene intención de utilizar ya 20.000 en los próximos Presupuestos.
La fuerza de los hechos señalan que los dos últimos Presupuestos estatales efectivos, los de 2017 y 2018, estos últimos prorrogados durante dos años, han sido los que más cerca han estado de cumplir sobre el papel con los mandatos del REF en cuanto a inversión media por habitante, pero que la demora o el bloqueo en la actualización de los convenios bilaterales y en la aprobación de medidas de compensación a la lejanía y la insularidad, así como en la transferencia de los recursos correspondientes a la comunidad autónoma, han frustrado esa mejora real. Así ha ocurrido en estos dos años con compromisos estatales como los convenios de infraestructuras, planes de empleo, fondos para la pobreza, o ayudas al sector primario. En muchos de estos casos, esas transferencias o se mantienen paralizadas, o se han realizado en los últimos meses del año y ya sin posibilidades de ejecución efectiva.
Deuda presupuestaria
Según distintos informes oficiales, la ficha canaria pendiente de aprobación o de pago por parte del Estado a finales de 2018 rondaba los 1.000 millones de euros, de ellos 500 de la deuda pendiente del convenio de carreteras según sentencia del Tribunal Supremo. Esa situación ha ido mejorando a los largo del 2019 y 2020 con la aprobación por el Consejo de Ministros de cantidades pendientes del Plan Integral de Empleo (42 millones), fondos para la pobreza (18 millones de los 30 comprometidos), ayudas agrícolas del Posei, convenio de infraestructuras hidráulicas (15 millones), entre otras. Pero el 'debe' del Estado sigue lejos de equilibrarse cuando estamos a las puertas de la entrada en escena de los nuevos Presupuestos estatales, que ya deberían incorporar los recursos derivados de la mejoras introducidas en el nuevo REF. Eso al margen de la controvertida deuda carreteras sobre cuya forma de pago por parte de Madrid, y derecho de uso por parte del Gobierno de Canarias, ambas administraciones litigan desde hace años.
Una de las cosas que deberán despejar las nuevas cuentas del Estado es si esa deuda va a seguir quedando reflejada como superávit autonómico, como ha forzado hasta ahora el ministerio de Hacienda, o si la comunidad autónomas podrá usarlo para cubrir otros gastos, es especial servicios esenciales, sobre todo es este contexto de emergencia económica y social por la pandemia y el parón turístico. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aclaró este punto el pasado miércoles en el Congreso durante una interpelación parlamentaria, aunque insinuó que podría acceder a las reclamaciones isleñas al señalar que "hay una deuda con la Comunidad Autónoma y tendremos que tenerlo en cuenta para la previsión presupuestaria del próximo año".
La posibilidad de que el actual contexto de crisis económica deje de nuevo bloqueados los diferentes convenios de infraestructuras, que marcan la participación canaria real en los presupuestos estatales, es una de las principales preocupaciones entre los empresarios de las Islas, que consideran vital en estos momentos de 'cero turístico' que la inversión pública y la construcción tiren de la actividad productiva y del empleo en el Archipiélago.
Financiación y turismo
Lo cierto es que algunos elementos destacados del nuevo REF se estaban aplicando ya de manera efectiva gracias a los acuerdos presupuestarios del 2017 y 2018 de los grupos nacionalistas canarios (CC y NC) con el entonces gobierno del PP y que han sido de ejecución obligada también por el actual Gobierno de Sánchez en las sucesivas prórrogas del 2019 y 2020. Por ejemplo la subvención del 75 % del coste del billete aéreo a residentes desde julio de 2018. O la desvinculación progresiva desde el 2017 de los recursos fiscales propios de los provenientes del sistema de financiación autonómica, lo que permite que la comunidad cuenta con más fondos estatales para cubrir los gastos de las competencias que esta ha ido asumiendo -sanidad, educación o políticas sociales-. Esa desvinculación queda consagrada en el nuevo REF y deberá contemplarse en la reforma del sistema de financiación que el Gobierno central pretende iniciar antes de finales de año.
Pero uno de los elementos claves del nuevo REF, que toma mayor relevencia en el actual contexto, es la previsión de tres planes de desarrollo del sector turístico: uno que defina la estrategia de futuro de la industria, otro de formación y un tercero de inversiones en infraestructuras. Parte de esos planes deben contemplarse ya en los Presupuestos de 2021, pero el escepticismo sobre este punto entre los empresarios y partidos es evidente ante la escasa respuesta que están comprobando por parte del Estado ante el 'crack' del sector desde el inicio de la pandemia. Las primeras cuentas del actual Ejecutivo de coalición deberían incluir, además, medidas para dar cobertura a otros aspectos del renovado fuero isleño en materia de precios energéticos, medidas adicionales del PSOEI, nuevas bonificaciones a la empresas para mejorar el empleo, mayor límite de deducción por inversiones, conexión a internet... todo un reto en el peor de los escenarios posibles.
