Un colectivo de 102 saharauis reivindica al Ministerio de Justicia su derecho a poseer la nacionalidad española tras el duro varapalo recibido por parte del Supremo. El Alto Tribunal determinó en una sentencia de finales de mayo que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1976 no daba derecho a obtener tal reconocimiento, ni tampoco a sus descendientes, al considerar que dicho territorio no formaba parte de España antes de ese año. El grupo de saharauis sostiene en una carta dirigida al departamento en manos de Juan Carlos Campo que de "la larga presencia" de España en el Sáhara nace una "inexorable realidad histórica y una innegable vinculación jurídica", por lo que confía en que "las aguas vuelvan a su cauce" y se corrija "el error cometido".

En la misiva hacen hincapié en que diferentes órganos judiciales del país, entre los que incluyen al Supremo, han reconocido la nacionalidad española de origen desde 1976 hasta ahora. Los firmantes de la carta entienden, por este motivo, que el Alto Tribunal "incurre en una enorme contradicción al actuar contra sus propios actos". "Es una nacionalidad consolidada", recalcan.

Bajo su punto de vista, "no es concebible" que la sentencia del pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se fundamente en que el Sáhara no fue español para negarles la nacionalidad pretendida. El fallo en cuestión revoca la decisión adoptada por la Audiencia de Palma, que optó por conceder la nacionalidad española de origen a una mujer nacida en el Sáhara en 1973. "El Sáhara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el Código Civil. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española", recoge la sentencia del Supremo y contra la que se opone el colectivo de saharauis firmantes de la misiva dirigida al Ministerio de Justicia.

Para este grupo, la nacionalidad española de los naturales del Sahara de antes de 1976 no es un derecho adquirido, "sino un derecho inherente, puesto que se ha transmitido de generación a generación".

En la carta, en la que desgranan la relación de España con el Sáhara, indican que si filipinos, ecuatoguineanos, cubanos o judíos sefarditas, por su vinculación histórica con España, tienen derecho a la nacionalidad española, "constituye una gran injusticia y una enorme discriminación el negar el mismo derecho a los naturales del Sahara español puesto que su vinculación con España duró mucho más en el tiempo y se mantuvo hasta el año 1976".