Coalición Canaria exige al Estado la puesta en marcha inmediata de "una hoja de ruta" que permita gestionar la crisis migratoria que vive Canarias desde hace meses y a la que el Estado ha respondido con "desidia". Una actitud avalada desde Canarias por un gobierno "débil e irresponsable" que no ha sabido ponerse firme ante Madrid para que cumpla con sus competencias, sostienen el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, y el diputado regional Mario Cabrera. Ambos presentaron ayer una moción que se debatirá en el próximo Pleno del Senado, el martes día 6, en la que se pide la creación de un comité para hacer un seguimiento de la crisis y adoptar decisiones con carácter urgente.

La moción es consecuencia de la interpelación esta misma semana al ministro José Luis Escrivá en la Cámara alta y en la este acabó llamando insolidarios a los ayuntamientos y cabildos de la Islas por no ceder espacios para la acogida de los migrantes africanos y propiciar situaciones como la del campamento de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, en el que han llegaron a hacinarse hasta 400 personas.

Para Cabrera, 26 años después de que llegara a Fuerteventura la primera patera, "no es posible que" el Gobierno central "esté tan despistado en un drama humano de estas características".

El objetivo de la iniciativa de CC es que la administración estatal no solo se comprometa con las Islas, sino que establezca un plan sobre cómo va a afrontar Canarias el flujo de migrantes, "que va a continuar, porque la gente huye del hambre, de la muerte y de la miseria, para lograr un futuro mejor", subraya Cabrera. En esa línea, Clavijo reclamó "una política clara y no la de dejar al Archipiélago que se las arregle como buenamente pueda".

Algunas propuestas contempladas en la moción de CC-PNC consisten en desarrollar acciones diplomáticas y de cooperación con los países de origen, aplicar políticas de repatriación, habilitar espacios de acogida dignos, reparar y poner en funcionamiento el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), así como activar acciones de la agencia europea Frontex de protección de fronteras, cosa que el Gobierno ni siquiera ha hecho, según Clavijo.

El senador recordó que estas acciones no son nuevas, ya se conocían desde que los primeros cayucos llegaron a las Islas en 2005. No es, pues, un fenómeno espontáneo que coja por sorpresa a las autoridades.

Con el alojamiento de migrantes con Covid-19 en una nave industrial se demuestra que no ha habido "trato humano" en los últimos meses. Y recordó al respecto las palabras del juez Arcadio Díaz Tejera en relación a la situación que están viviendo los migrantes que llegan a las Islas, en el sentido de que "nadie se puede esconder diciendo que esta no es mi responsabilidad". "Eso es de cobardes", subrayó Mario Cabrera, para quien la responsabilidad del Gobierno canario es todo lo que pase en el Archipiélago.

Entre otras cosas, el político majorero reclama la activación del Foro Canario de la Inmigración e instar a España para que, junto con la Unión Europea, haga políticas en los países de origen. "Eso ya se hizo", subrayó el diputado, cuando en el Archipiélago gobernaba CC, primero con Adán Martín y después con Paulino Rivero.

"Se ha improvisado mucho y como ello solo se ha logrado dar carnaza a los partidos xenófobos", lamentó Cabrera que se mostró dolido de que se califique de racista al pueblo canario en general. Según Cabrera, "se creen que con llamar godo al ministro Escrivá han resuelto todo el papel", señaló en relación al presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE); el vicepresidente, Román Rodríguez (Nueva Canarias), y la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos). Para el majorero las críticas de estos por la negativa del ministro de Migraciones a visitar las Islas no son más que "postureo".

Según Clavijo, de las 22 carteras ministeriales del Ejecutivo de Pedro Sánchez, seis tienen vinculación directa o indirecta con el fenómeno de la migración: Migraciones; Administraciones Públicas -"con una Carolina Darias que está desaparecida"-, Interior, Exterior, Defensa y Transportes. Frente a esa organización, en la llamada "crisis de los cayucos" la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega (PSOE) coordinaba varios ministerios, a ella el Gobierno canario exigió recursos para Canarias y se dotaron.

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