25 de septiembre de 2020
25.09.2020

Canarias permitirá cobrar la paga de inserción y el IMV a la vez "un tiempo"

El Gobierno aprueba un decreto ley para garantizar ingresos a las familias desfavorecidas

24.09.2020 | 23:52
La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, al inicio del Consejo de Gobierno, ayer.

Con la finalidad de garantizar ingresos a las familias en riesgo de exclusión social o de padecerla, el Gobierno autónomo autorizó ayer que éstas puedan seguir cobrando la Prestación Canaria de Inserción (PCI) hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que concede el Estado y, al tiempo, abrió la puerta a que algunas de éstas, "durante algún tiempo", reciban las dos prestaciones. El objetivo principal es que esas unidades familiares puedan seguir contando con una ayuda económica durante el periodo de espera hasta que se les concede el IMV, que sustituye a la primera.

Así lo explicó el portavoz del Ejecutivo autónomo, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que insistió en que "puede que haya familias que tengan doble percepción durante un tiempo, sin que después tengan que devolver ninguna cantidad". Pérez agregó que el Gobierno canario entiende que es mejor esta fórmula, dejar que se produzcan algunos "solapamientos" durante un tiempo prudencial, que "establecer un mecanismo de devoluciones".

Esta decisión ha sido adoptada por el Gobierno canario para paliar el cuello de botella que padecen las oficinas del Instituto nacional de la Seguridad Social (INSS) con la avalancha de solicitudes para acceder al IMV. Permitir el solapamiento, además, en ese periodo de transición es la solución menos gravosa para las arcas autonómicas.

El jueves el Gobierno central introdujo modificaciones en el real decreto ley que regula el IMV con el objetivo de reducir, precisamente, el colapso que han provocado las casi 900.000 solicitudes que la Seguridad Social ha recibido hasta ahora. Con esos cambios, que pretenden agilizar la concesión de las prestación a los ciudadanos, pasan por un aumento de la retroactividad, la ampliación del plazo de resolución o la eliminación del requisito previo de estar inscrito en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De entrada, ante las dificultades para obtener la documentación requerida durante la pandemia, se extiende el periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre. Así, las solicitudes presentadas hasta final de año tendrán efectos económicos desde el 1 de junio, siempre que en esa fecha el solicitante cumpliera los requisitos. De no ser así, los efectos económicos serán retroactivos al primer día del mes siguiente en que se cumplan los requisitos.

Dentro de las novedades está, precisamente, que el INSS podrá reconocer a los beneficiarios de las prestaciones sociales autonómicas hasta el 31 de diciembre si la autonomía en cuestión certifica la existencia de la unidad familiar y posee la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la prestación.

Los cambios impulsados por el Gobierno canario, recogidos en un decreto ley que modifica la norma base que regula la PCI, recogen que se podrá seguir solicitando esta siempre que se haya registrado de forma previa la solicitud del IMV o, en su caso, haber obtenido la citada ayuda.

La PCI benefició en agosto en las Islas a 8.184 familias, 2.305 más que hace un año, con un importe de global de casi cuatro millones.

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