Por unanimidad, el pleno del Parlamento de Canarias reclama al Gobierno de España la derivación a centros de la Península de los inmigrantes que llegan en cayucos y pateras a las costas canarias y se garanticen así sus derechos. "Canarias no puede convertirse en una prisión", las Islas ni son el destino final al que quieren llegar estas personas "ni tiene capacidad para soportar esta presión", defendió la diputada de CC-PNC Socorro Beato, que promovió este pronunciamiento de la Cámara regional.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, hasta el primer semestre de septiembre habían llegado al Archipiélago 5.121 inmigrantes en 190 embarcaciones, seis veces más que en el mismo período de 2019 (836). En cambio, las cifras de los llegados en patera a la España peninsular y Baleares se han reducido un 38% , de 14.961 a 9.226.
Esta propuesta de CC-PNC aprobada se incorporó como enmienda adicional a una proposición no de ley (PNL) presentada del PP en la que además se pedía la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (PSOE), por lo que los populares consideran un deficiente gestión de la crisis migratoria. Una iniciativa que apenas logró el apoyo de los populares y Ciudadanos y el rechazo de la mayoría restante, pero que sirvió para subrayar, según palabras de Poli Suárez, la "descoordinación, inacción y falta de compromiso" del Estado con las Islas.
"Falta de respeto"
"Falta de respeto"
"No se ha hecho nada" desde que la Cámara aprobó hace algunos semanas otra PNL donde pedía que se mejorara la gestión. "Estamos desbordados", más de 200 personas siguen en la explanada del muelle de Arguineguín (Gran Canaria), y ni la visita del ministro del Interior en febrero, Fernando Grande-Marlaska, ni las vacaciones de verano de Pedro Sánchez en Lanzarote "han servido de nada". Ello sin contar con la "falta de respeto" del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, por dilatar su visita al Archipiélago, de que "debemos pedir su dimisión".
También cargó contra Escrivá la nacionalista Dolores Beato: "no se entera ni de sus competencias", sin bien no ha apoyado el cese de Pestana porque "lo han dejado solo y abandonado" y su salida, asegura, solo serviría de "chivo expiatorio" para ocultar la mala gestión del Estado.
Además de las derivaciones a la Península, el Parlamento reclama al Gobierno de España un plan de acogida e integración para estas personas y que se afronte su llegada "desde el punto de vista social y sanitario con las previsiones suficientes en el marco del protocolo Covid-19".
La Cámara regional pide también que se activen mecanismos con los gobiernos de los países de África occidental desde donde salen las pateras y cayucos (Marruecos y Mauritaria mayoritariamente) para la lucha contra los traficantes de personas y que se ayude a buscar "soluciones de vida" a quienes intentan llegar a España en sus propios lugares.
Los diputados regionales piden además en la PNL aprobada, en referencia al SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) "un sistema de seguridad efectivo que permita la localización de las pateras" al acercarse a las costas canarias para evitar la pérdida de vidas humanas y que el Gobierno de España habilite los espacios que tenga disponibles como alojamientos provisionales.
Los grupos también coinciden en que se suscriban convenios con los países de origen o tránsito de la inmigración irregular para la vigilancia y control de los espacios marítimos y piden que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) controle con efectividad las fronteras en la ruta atlántica, una cuando desde España no se ha solicitado aún que este mecanismo se active, como se hizo en la crisis migratoria anterior entre 2004 y 2007, cuando llegaron unas 85.000 personas.
Desde el bloque que sustenta al grupo de gobierno, Nira Fierro, del Grupo Socialista, acusó al PP de buscar con estas iniciativas "ruido y tacticismo político" en lugar de buscar soluciones, apuntando que "se está trabajando" para tener una red de alojamientos estables, reforzar la diplomacia con los países de origen o reactivar el Frontex.
Asimismo, subrayó que en ese sentido la PNL aprobada es una "censura" a la gestión del propio Partido Popular, que desde 2011 desmanteló toda la red de acogida a los migrantes.
