La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, todos de Ciuca, fueron detenidos ayer por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana por presuntos delitos relacionados con la compra de votos en las elecciones locales de 2015 y 2019. Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil registraron el Ayuntamiento, el Archivo Municipal y las oficinas de Arguineguín, de donde se llevaron numerosas cajas con documentación en papel, ordenadores y archivos informáticos.
Tras su detención a primeras horas de la mañana, los tres ediles fueron trasladados a las Casas Consistoriales en el pueblo de Mogán, donde se prolongaron los registros desde las 9.30 hasta las 17.45 horas, momento en que Bueno y Navarro fueron conducidos hasta los archivos municipales y otras dependencias, donde continuó la incautación de documentos hasta bien entrada la noche.
El Juzgado confirmó que se trata de una causa incoada en 2015 por diversos delitos contra la administración pública y reabierta en 2019. Aunque se ha levantado el secreto de sumario sobre el procedimiento iniciado hace cinco años, tras diversas denuncias de partidos políticos y colectivos ciudadanos sobre compra de papeletas y fraude en el voto por correo, la actual investigación tiene carácter reservado y ayer se desconocía si las detenciones están solo vinculadas a esa supuesta compraventa de sufragios o también con algunas de las denuncias presentadas contra el gobierno municipal en los últimos años.
Los registros en el Ayuntamientos incluyeron varios departamentos, con especial interés de los agentes por la oficina de informática, en un sótano del edificio, y en el área de Contratación, en la planta alta. Algunos funcionarios de las Casas Consistoriales fueron desalojados al inicio de la intervención policial y los demás continuaron en sus puestos hasta el mediodía. Tras salir a 13.30 horas, dos de ellos fueron requeridos y volvieron a los pocos minutos. Pasadas las 14.30 horas, Bueno y Navarro, que a esa hora ya estaban acompañados por sus abogados, fueron llevados a la sala de informática, donde permanecieron casi una hora. Al salir se pudo ver primera vez a la alcaldesa, que recorrió en solitario y sonriente los pasillos hasta su despacho. Por la tarde, en una atropellada salida de varios coches policiales, también mostró tranquilidad y saludó. El rostro de Navarro, que dirige las áreas de Urbanismo, Promoción Turística, Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Contratación, sí reflejaba el cansancio al abandonar en edificio en un coche camuflado de la Guardia Civil, camino de los siguientes registros.
En los alrededores del Ayuntamiento, ayer semidesiertos por el intenso calor, se recordó la anterior operación policial, la del caso Góndola, en 2006, en la que también fue detenida toda la cúpula municipal del PP, incluida Onalia Buena, que en aquellas fechas era concejal de los populares. "¿Otra vez detenida? Pero si parece la Pantoja", exclamó una vecina al ver el gran despliegue de cámaras y periodistas frente a la entrada principal.
Por la tarde, uno de los pocos niños que jugaba en el parque también usaba la ironía con sus amigos al ver que los informadores: "Están grabando el Ayuntamiento como si fuese La Casa de Papel, esperando a que salgan los atracadores".
La causa que se investiga se remonta a las elecciones municipales de 2015, en las que Ciuca arrebató la Alcaldía a su antiguo partido, el PP, y formó una alianza de gobierno con el PSOE. El anterior regidor achacó el vuelco electoral a la compra de votos, sobre todo en la zona de Arguineguín, y a un presunto fraude en las papeletas por correo, pues aumentaron de 191 a 560 de unos comicios a otros.
En las elecciones de 2019, el partido de Onalia Bueno logró la mayoría absoluta y esa ocasión fue la candidata de Nueva Canarias, Isabel Santiago, la que denunció ante la Delegación del Gobierno una supuesta alteración del voto por correo.
De hecho, las presuntas trampas en el sufragio de los moganeros proceden desde el inicio de la democracia, pues ya en el año 1979 hubo que suspender las elecciones cuando se comprobó que figuraba el voto de muchos difuntos.
En 2006, los pinchazos telefónicos del caso Góndola detectaron conversaciones que llevaron a la policía a concluir que se estaba cometiendo una presunta manipulación del censo y el padrón municipal, pero tras ocho años de diligencias, la Fiscalía no encontró pruebas y propuso el sobreseimiento provisional el 27 de septiembre de 2015.
En los días previos a las elecciones de mayo de 2015, el entonces alcalde, Francisco González, acudió a la Guardia Civil para denunciar una presunta compra de votos por parte de Ciuca. Tras una investigación, los agentes no encontraron indicios de delito y cerraron el caso. En febrero de 2016, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción pidió la reapertura del caso de los votos fraudulentos y extendió al propio PP esas supuestas prácticas ilegales.
Cuatro años después, en mayo de 2015, varios votantes de Arguineguín, asesorados por la asociación Regeneración Democrática y Acción Social de Mogán, presentan denuncias ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana, en las que declararon que Ciuca les ofreció dinero a cambio de su voto. Eso es, presumiblemente, el caso que se reabre ahora, con nuevos testimonios y documentos.
Algunos de los denunciantes aparecieron en cadenas de televisión nacionales y aseguraron que vendieron su voto por cantidades que oscilaron entre los 50 y 150 euros. También comentaron que el partido de Bueno y Navarro les ofreció electrodomésticos o promesas de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento que luego se incumplieron, lo que les animó a acudir a los tribunales.
La alcaldesa rechazó las acusaciones y las achacó a una ofensiva de la oposición, entonces ejercida por PP y NC, para intentar dividir a su gobierno municipal con los socialistas. Bueno recordó en aquellas fechas que todas las denuncias anteriores por fraude electoral fueron archivadas al no encontrarse pruebas de ningún delito.
Meses después, el portavoz de Regeneración Democrática, Antonio Muñoz, declaró que existían nuevas pruebas documentales que demostrarían el presunto delito electoral y que se aportarán al Juzgado en el momento procesal oportuno. Así, uno de los denunciantes detalló al Juzgado que dos semanas antes de las elecciones Ciuca le ofreció 150 euros por su voto, así como trabajo, casa y ayudas sociales.
Uno de esos presuntos captadores de votos fue Ramón Trujillo, más conocido en Arguineguín como el Perraya, que se sumó a los denunciantes declaró que actuaba bajo las órdenes directas de Onalia Bueno. Según Trujillo, la alcaldesa le dijo que "había que sacar votos debajo de las piedras" y le pidió que buscara a personas en el paro o con necesidades económicas. También se jactó de haber logrado 470 votos para Ciuca.
