El 1 de septiembre de 1999, hace ya 21 años, apareció en los baños de la tropa de la Comandancia de Marina de Las Palmas de Gran Canaria el cuerpo inerte de Pedro José Corujo Uría, cabo de la Policía Naval de Infantería de Marina, que realizaba allí su labor como guardia militar de seguridad. Las diligencias abiertas en un Juzgado de la capital grancanaria se archivaron de forma provisional solo dos meses después, sin esclarecer los hechos. La investigación realizada por el Ejército determinó que se trató de un suicidio.

Durante todos estos años, su padre, José Pedro Corujo Jamart, ha intentado que el caso no se cierre en falso porque está convencido de que su hijo no se suicidó. A finales de junio, Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, dictaba la reapertura de las diligencias previas, que se han abierto y cerrado en varias ocasiones "al no resultar autor conocido o no estar debidamente acreditada la perpetración de los hechos que dieron lugar a su incoación". La ampliación de la denuncia tiene ya más de 2.500 folios.

"Mi hijo no tenía ningún motivo para suicidarse, amaba la vida", dice José Pedro por teléfono desde Gijón, donde reside. Es analista químico de laboratorio jubilado, ha sufrido un ictus y dice que le queda poca memoria, pero la compensa con los documentos que guarda en su ordenador y en seis cajas y cinco archivadores. Desde hace 21 años su principal ocupación es esclarecer lo que considera un asesinato, que habrían tratado de ocultar varios mandos militares, desde un cabo a un teniente coronel, pasando por un sargento, al que apunta como el autor material del disparo que acabó con la vida de su hijo.

El día después de la muerte de su hijo viajó a Gran Canaria, y ya entonces, en el despacho del juez, le dijo que no se creía la que parecía la versión oficial, el suicidio. "Le dije que no podía ser, que mi hijo era zurdo cerrado y el disparo era en la parte derecha de la cabeza". Lo que ha hecho es pedir informes, dictámenes y pruebas periciales y entrevistarse con una gran cantidad de compañeros de su hijo que han alimentado sus sospechas y le pusieron sobre la pista de lo que llama "las juergas" del cuartel Manuel Lois, según dice, contrastadas con decenas de testimonios. Dice que la mayoría no se atreve a declarar porque participaron o encubrieron, o bien porque tienen miedo.

La versión oficial dictamina que el cabo Corujo se pegó un tiro en los baños de la Comandancia y el motivo sería que no pudo pasar el examen del curso de capacitación para el ascenso a cabo primero. José Pedro niega la mayor. Asegura que su hijo murió en la oficina del sargento, después de una fuerte discusión, de la que el sargento salió "dando voces". Dice que el cuerpo fue trasladado después y colocado para aparentar un suicidio y que su hijo no pudo suspender porque el curso ni siquiera había empezado.

Señala que la primera vez que se archivó el caso aún faltaban por llegar al Juzgado varias pruebas que el propio juez había solicitado y apunta que hay una serie de diligencias que no se hicieron y podrían arrojar luz, como verificar la pistola (que no era la de su hijo), verificar el impacto de la bala en el azulejo, comprobar cómo pudo aparecer un segundo casquillo en la zona de los lavabos, hacer una reconstrucción de los hechos con una infografía en tres dimensiones para demostrar que el cuerpo no pudo quedar en la posición en que se encontró, citar a declarar a la forense, recabar la identidad de posibles testigos o hacer la prueba de luminol para detectar rastros de sangre. Asegura que su hijo no tenía restos de pólvora en su mano ni aparecieron sus huellas dactilares en la pistola y cree que en la autopsia se apreció el suicidio "de antemano" por el testimonio de los militares.

También tiene claro el motivo. Según los testimonios que ha recabado, el rastro de su hijo se pierde en la oficina del sargento. Dice que el cabo había enviado o bien un parte militar, del que no hay constancia, o bien una queja, contra ese sargento por su posible participación en la desaparición de una gran cantidad de cocaína que se custodiaba en el Arsenal de Las Palmas y que había llegado el 9 de julio de 1999 como resultado de la operación Temple, llevada a cabo por la Audiencia Nacional por orden del juez Baltasar Garzón. En esa operación se confiscaron diez toneladas de cocaína, hasta entonces el mayor alijo encontrado en Europa, del barco panameño Trammsaare. La denuncia de José Pedro, 21 años después, se dirige principalmente contra siete militares, de todos los grados, desde un cabo hasta un teniente coronel.