Los empresarios turísticos siguen pidiendo por todas las vías posibles que tanto el Gobierno de Canarias como el Estado pongan en marcha medidas para salvar a un sector que agoniza y del que depende el 40% de los empleos de las Islas y el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago -un porcentaje que se duplica en el caso de islas como Fuerteventura y Lanzarote-. Por ahora, siguen sin encontrar la respuesta que buscan. Ayer se quejaban de ello en sede parlamentaria, en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio, los presidentes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal; el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (Feht) de Las Palmas, José María Mañaricua; la presidenta de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), Susana Pérez; y el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Hormiga. Los cuatro exigían literalmente que se salve de la muerte al motor económico de Canarias. "La industria turística está en la UVI pero no estamos recibiendo ni la medicina ni los cuidados para poder recuperarnos", aseguró la presidenta de Asolan.
Las soluciones pasan por dos siglas que han bailado de boca en boca durante toda la pandemia: PCR y ERTE. Los test del Covid en los países de origen de los turistas fueron reclamados desde un inicio por el Gobierno de Canarias. Sin embargo, ni la Unión Europea se mostró nada receptiva ni desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se facilitó la alternativa de realizar estas pruebas en destino. Para las patronales, está claro que se ha dejado pasar la oportunidad de consolidar y promocionar al Archipiélago como un destino seguro, lo que le hubiera permitido que sus principales países emisores, Reino Unido y Alemania, no hubieran restringido los viajes a las Islas.
El portavoz del Grupo Mixto, el diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente, cifró en 230 millones el dinero mensual que se está dejando de ingresar en Canarias debido a la caída en la afluencia de turistas, mientras que aseguró que realizar los test con fondos regionales costaría dos millones. "Estamos dispuestos a colaborar económicamente ante la desidia del Gobierno autonómico y del Parlamento. No hay un Plan B para salir de esta crisis. El único Plan B para nosotros es el despido objetivo de los trabajadores y el cierre de hoteles, y el de ustedes es tener un 40% de paro", criticó con dureza el presidente de Ashotel.
En la misma línea se mostró Susana Pérez, muy pesimista respecto al futuro que le espera al sector en Lanzarote, donde se volverán a cerrar establecimientos turísticos ante la perspectiva de vivir unos meses "aterradores". Para Pérez, con la temporada de verano perdida y la de invierno en riesgo, haber perdido la baza de consolidar la seguridad del destino resulta esencial para comprender la debacle del sector. "Desde un primer momento Canarias pidió los PCR en origen, pero el Gobierno central no lo defendió en Europa y ahora otros países lo hacen; ahora seguimos sin test ni en puertos ni en aeropuertos y eso no incentiva la confianza en los países emisores", se quejaba la presidenta de Asolan, que pidió un plan urgente que apuntale al sector turístico en los próximos meses, a corto y medio plazo. Lo de mirar a un futuro más lejano ni se lo plantea por ahora Pérez.
ERTE para el sector
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) constituyen el otro frente por el que luchan los empresarios. No sólo exigen que se prorroguen el tiempo que haga falta, como mínimo hasta final de año, sino que también exigen que sean específicos para el sector turístico. "Necesitamos que el Gobierno canario se ponga de acuerdo con el Ministerio de Trabajo para que sea la autoridad laboral de las Islas la que decida en el caso de los ERTE de fuerza mayor, tenemos que ser nosotros quienes demos validez a estas herramientas porque habrá indefinición a la hora de abordar la situación de los rent a car o de los comercios en las zonas turísticas", explicó Mañaricua.
Aunque el presidente de la Feht reconoció la bondad de algunas de las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico -el vuelo piloto de la Organización Mundial del Turismo (OMT) o el seguro asistencial puesto a disposición de los visitantes-, aseguró que "ninguna había sido concluyente porque los mercados siguen cerrando sus conexiones con las Islas". Además, Mañaricua solicitó más implicación por parte de otras administraciones como los consistorios, a los que pidió que reduzcan impuestos como la tasa de basura o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para facilitar la recuperación de todos aquellos negocios que apenas tienen actividad debido a la pandemia.
Además, el presidente de la Feht respondió con dureza al portavoz de Sí Podemos Canarias, Francisco Déniz, que durante su intervención hizo un llamamiento a la patronal hotelera para que fuera más solidaria con las condiciones laborales de su plantilla, además de culpar al motor económico de las Islas de haber provocado problemas medioambientales y de estar dando síntomas de agotamiento. "El 3% del territorio que ocupa el turismo crea el 40% de los empleos. Cuando nos dicen que no hacemos las cosas bien, me gustaría recordarles que una limpiadora de pisos de mi hotel cobra 20.000 euros anuales, mientras que la persona que limpia el Parlamento de Canarias cobra 11.200 euros, es decir, el Salario Mínimo Interprofesional; creo que esto es una foto muy clara de unos y otros", aseveró Mañaricua.
Las quejas de la patronal se entremezclaron con las acusaciones de los partidos de la oposición. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, acusó de inacción al Ejecutivo regional, especialmente a la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, mientras que la popular Australia Navarro denunció la cobardía del presidente canario, Ángel Víctor Torres, por no plantar cara a Madrid a la hora de implantar medidas específicas para las Islas. Por su parte, los miembros del pacto de las flores defendieron las medidas adoptadas en defensa de los trabajadores a través de los ERTE, así como las líneas de crédito ICO y la moratoria hipotecaria para el sector turístico. Sólo el diputado de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos Chinea -que defendió el papel de Castilla en todo momento-, reconoció que el Estado no había estado a la altura de las demandas canarias.
Más conciliador se mostró el presidente de Asofuer, que incidió en la idea de que los intereses particulares y políticos se dejen a un lado para que Canarias salga fortalecida. "Deben tomarse decisiones inmediatas para hacer frente a la peor situación económica y social de la era democrática", aseguró Hormiga, que explicó que las patronales asumen su responsabilidad a la hora de velar por los puestos de trabajo de miles de personas y que están dispuestas a colaborar económicamente en la financiación de las pruebas, aunque para ello solicitó el respaldo del Gobierno para establecer corredores sanitarios.
