30 de agosto de 2020
30.08.2020
El problema de la vivienda

Traspaso 'okupa': 2.000 euros en mano por un piso, sin preguntas ni contrato

La 'venta' de viviendas usurpadas crece entre particulares en España | En Canarias se denunciaron hasta junio 311 ocupaciones ilegales, un 13% más

30.08.2020 | 00:44
Concentración frente a una casa okupada en la calle Barcelona de Pallejà, en la Ciudad Condal.

"La semana pasada tuvimos un caso de okupación de una casa vacía que estaba en venta. Las personas que se habían instalado nos dijeron que si les devolvíamos los 1.200 euros que ellos habían pagado por entrar, ellos se iban". Plácido González, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), relata una práctica que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos: mafias que juegan con la necesidad de quien necesita un techo y que ignoran el valor de la propiedad privada.

En Canarias se producen estos casos, aunque con menor frecuencia en que en la Península. "Yo no te firmo ningún papel. Tú me das el dinero en mano, me voy y entras el mismo día", explica el okupa de una vivienda en la periferia de Alcalá de Henares (Madrid). Por 2.000 euros ofrece un piso de dos dormitorios que, según él, nadie reclama. La policía no será problema: "Puede pasar y pedirte la documentación, pero no pasa nada". Los vecinos tampoco: "Hay otros dos okupas en el edificio". Y luz y agua están enganchadas: "No hay calefacción, pero como no pagas luz, puedes poner radiadores eléctricos", dice el inquilino ilegal.

El precio está en mercado, según fuentes policiales. Entre 1.500 y 2.500 euros piden los ocupas urbanos que venden la casa en la que han vivido una temporada. Generalmente, explican estas fuentes, traspasarán la vivienda cuando su ocupación esté quemada, porque se aproxima un desalojo o por la presión vecinal y policial. Cuando la comisión judicial llegue a desalojar, se encontrará en la casa a otra persona que no es quien ha sido juzgado y condenado.

La actual crisis económica provocada por el coronavirus ha acrecentado los casos de personas que realmente no pueden permitirse pagar un alquiler o seguir cumpliendo con los plazos de la hipoteca, y que optan por convertir en su hogar las casas que nadie usa. Un escenario dramático que otros han aprovechado para profesionalizar la okupación. "Se fijan en las casas que se encuentran en mejor estado y de las que puedan sacar más dinero, por eso se inclinan más por aquéllas que son propiedad de un banco, al que hacen la propuesta de manera más descarada, le piden 2.000 ó 3.000 euros por irse del inmueble y si hacen esto tres veces al mes, pues se hacen con un buen sueldo", se queja el presidente de Acegi.

En el primer semestre de este año, 7.450 denuncias por ocupación ilegal llegaron a las fuerzas de seguridad, según la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior. La cifra supone un incremento del 5,03% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por comunidades, Cataluña, con 3.611, acumula casi la mitad de los casos, y registra un alza del 13,19%. Andalucía (1.183 casos) y Madrid (657 denuncias) le siguen en la lista. En Canarias entre enero y junio se denunciaron, según las mismas fuentes, 311 casos, un 13% más que el mismo semestre de 2019. La estadística no discrimina cuántas de esas okupaciones son de casas vacías, sin uso (usurpación de vivienda) y cuántas son entradas en moradas de propietarios ausentes (allanamiento).

Tampoco la estadística ni las leyes prevén un tipo específico para la conducta del okupa de Alcalá. Traspasar una casa usurpada no está descrito como delito. Acaso, apuntan fuentes judiciales, el okupa es inductor y cooperador necesario de otros delitos: una nueva okupación y un nuevo fraude al suministro eléctrico. Si no hay allanamiento de morada, el Código Penal considera delito leve la okupación y la castiga con el desalojo y multa. Las estadísticas judiciales no aclaran si los condenados son en su mayoría personas particulares en estado de necesidad, y no mafias organizadas, ni cuántos de los perjudicados o denunciantes son propietarios particulares, y no fondos millonarios de inversión o sociedades de activos inmobiliarios embargados.

Plácido González ha conocido de primera mano muchos casos de okupación de viviendas que, en muchas ocasiones, sus nuevos moradores han terminado desvalijando con el fin de vender todos los muebles y sacar provecho económico. Además del perjuicio material, en algunas ocasiones se producen situaciones de violencia y sustos demasiados desagradables. "Un compañero fue amenazado con un cuchillo de más de 30 centímetros cuando fue a enseñar una casa que desconocía que había sido okupada a unos potenciales clientes", relata.

Estas sorpresas se dan en todas las islas, aunque las zonas turísticas son enclaves muy codiciados, así como las zonas cercanas a los cinturones de las ciudades, tal y como explica Isidro Martín, delegado territorial de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (Apei). Los pueblos suelen salvarse de este fenómeno que se convierte en más detectable en localidades donde todo el mundo se conoce. "No estamos al nivel de la Península, pero sí se están produciendo okupaciones, en su gran mayoría para hacer negocio", se queja Martín.

Anuncios en internet

El traspaso de vivienda okupada es más propio del okupa particular y se hace cada vez con más frecuencia, indican fuentes policiales. No suelen ser okupas colectivos de edificios en desuso, ni personas que okupan ocasionalmente tras haber sido desahuciadas por no poder pagar la hipoteca; es un okupa "profesional", según estas fuentes.

"Hola busco piso okupa que sea de banco si alguien me puede ayudar puedo pagar entre 400 y 500 euros", dice literalmente uno de los últimos anuncios de demanda de casa okupada que aparecen en el portal milanuncios.com. Este fue colgado la pasada semana por alguien que quiere techo en (sic) "zona viladecan. sant boi, gava, castelldefells, prat de Llobregat". Algunos de estos anuncios son aún más desinhibidos y se dirigen a las mafias de la okupación: "Busco chalé por la zona de Benicarló, que me lo abran para okupar, con agua y luz enganchada y bombín cambiado nuevo, que sea de embargado del banco a poder ser", decía un anunciante de la misma web. Ofrecía 450 euros. El afloramiento de estos mensajes en páginas inmobiliarias de portales convencionales da idea de cómo se ha normalizado el traspaso de okupaciones.

Los anuncios también son de oferta. Lacónicamente, alguien en Getafe ofrece (sic): "Piso de okupa solo para personas interesadas si no evite escribir. 3ª planta. Ascensor". Pide 1.600 euros. El okupa, como el de Alcalá, dice lo mismo cuando se le pregunta si el precio es negociable: "No. Tengo gente esperando".

Hubo en los años 50, 60 y 70 del pasado siglo un fenómeno chabolista, por el que emigrados sin recursos se procuraban un techo en las periferias de las grandes ciudades, al lado de chamizos de otros tan pobres como ellos. Hoy los más desfavorecidos de la crisis se refugian en la okupación, nueva versión del chabolismo igualmente ilegal, igualmente pobre, igualmente perseguida, a rachas, por la policía, y que genera, en ocasiones, brotes de delincuencia que ponen en pie de guerra a los vecinos.

A la sombra de la okupación ha surgido otro negocio. Eufemísticamente se le llama en inglés house keeper, cuya traducción sería guarda. Pero algunos de quienes se ofrecen prefieren llamarse más llanamente 'inquilinos antiokupas'. Es el caso de M., inmigrante rumano con oficio y beneficio en La Rioja, pero demasiados gastos para su parco sueldo. Padre de tres niños, el alquiler de su vivienda le sale "carísimo" y se ofrece en internet para vivir en una casa gratis a cambio de impedir que la okupen. Se irá en cuanto el dueño se lo requiera. "Y lo firmamos en contrato ¿eh?, como personas normales", propone. Se animó después de ver inquilinos disuasorios "en Murcia, donde hay muchos okupas".

En Madrid, C. J., jardinero del Ayuntamiento recién divorciado con 52 años, sube la oferta: está dispuesto a pagar 200 euros al mes. "Soy yo solo, no necesito mucho", dice. Le vale una casa en buen estado en cualquier punto comunicado de la ciudad. El negocio le parece lo que un ejecutivo llamaría un win win: el dueño no sufre una okupación y él pasa a vivir en un sitio mejor y más ajustado a su economía. "Es que por 400 euros en Madrid sólo consigues una habitación".

Los inquilinos antiokupas ofrecen un valor añadido: si impiden la okupación, la casa salvada no bajará de precio y no será pasto de inversionistas que operan en otro negocio discreto: comprar inmuebles con problemas al 40% de su valor. Son los ganguistas de la okupación, principales clientes de las cuadrillas de desalojadores.

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