Victoria Rosell vuelve a estar en el ojo del huracán. La que fuera empleada de hogar de su domicilio durante varios años ha presentado ante el Juzgado de lo Social de Las Palmas una demanda contra la actual delegada para la Violencia de Género del Gobierno de Españal y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por despido improcedente. En la demanda sostiene que la exdiputada de Podemos le pagó en negro al estar varios meses sin contrato. Sosa, contra quien también ha presentado una querella por presuntas coacciones, niega tales acusaciones y subraya que se trata de un montaje para perjudicar a Rosell.
El 26 de mayo de este año la exempleada del servicio doméstico se operó de cataratas. La demandante sostiene en el escrito que a través de WhatsApp Sosa le envía una carta de desistimiento y un ofrecimiento de indemnización de 833,34 euros. Para la extrabajadora de Sosa y Rosell el despido producido durante su baja "supone una vulneración del Estatuto de los Trabajadores", por lo que entiende que debe ser declarado nulo o alternativamente improcedente. Según la demanda que su abogado Federico José Vicente Marín presentó hace unos días tras resultar fallido el acto de conciliación en julio, "la indemnización está calculada incorrectamente, falta finiquito y le solicitaron hacer tareas que no estaba obligada durante el disfrute de sus vacaciones" y por las que, asegura, "no ha sido nunca compensada". Estas tareas hacen referencia al riego de unas plantas y al cuidado de un conejo en el hogar de Sosa y Rosell, algo que el periodista también niega.
La exempleada reclama una indemnización total que supera los 10.000 euros. Su letrado señala en su último escrito que estuvo prestando servicios como empleada del hogar en casa de Rosell y Sosa entre septiembre de 2011 y noviembre de 2014 y de junio de 2015 hasta que fue despedida. Detalla que la demandante estuvo trabajando en el primer periodo cinco meses sin contrato y, en el segundo, otros cuatro. En esa primera primera etapa de relación laboral, que finalizó porque ella misma lo solicitó así como porque tenía que regresar a Bolivia, sostiene que "se plantó ante la empleadora y le manifestó que no trabajaría más en su domicilio si no le tramitaba un contrato porque le era necesario para regular su situación en España".
Tiempo después de su marcha volvió a trabajar en la misma casa, pero asegura que desconocía que en esta ocasión era Sosa el empleador y no Rosell. Algo de lo que se dio cuenta, según mantiene, en 2017 cuando pudo acceder al contrato laboral.
En el escrito de demanda se relata que cuando se incrementó el Salario Mínimo Interprofesional, la exempleada pidió que se actualizara el suyo, un requerimiento al que Rosell contestó, "que ahora ejercía de diputada en Madrid y entre semana de ser "cuatro" miembros de familia, habían pasado a ser "tres" y por tanto "menos carga de trabajo".
Rosell ha negado las acusaciones de pagos en B a través de Twitter después de que El Mundo publicase ayer la información relativa a esta demanda. La propia Rosell asegura que "nunca" ha pagado en negro. "Los del B son otros", afirmó. En sus tuits Rosell aporta recibos de la Seguridad de 2020 y recalca que la exempleada tiene DNI español gracias al trabajo legal que ejercía en su casa.
Tanto Rosell como Sosa apuntan a Vox como responsable de esta situación. A principios de julio se convocó un acto de conciliación ante el SEMAC de Las Palmas para el día 23 de ese mismo mes. La extrabajadora del hogar sostiene que días antes de que se produjese este acto, que resultó infructífero, Sosa le escribió el siguiente mensaje a través de WhatsApp: "Buenos días, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales. Lamento mucho lo que está ocurriendo". Unas palabras que la exempleada del hogar entiende que son constitutivos de un presunto delito de coacciones y por el que más tarde presentaría una querella de la que el periodista asegura que aún no tiene constancia.
Denuncia por extorsión
Sosa explica que antes de que la demanda por despido improcedente en su contra llegara a sus manos, una abogada le comentó que una persona de Vox le había dicho que Rosell tenía un problema con una empleada del hogar y que lo iban a publicar. La representante del periodista que acudió en su lugar al acto de conciliación hizo constar tal situación y señaló que Vox es un abierto rival de la formación por la que Rosell concurrió a las elecciones (Podemos) y que se le pretende "extorsionar con la amenaza de que si no paga los más de 10.000 euros que se reclaman en la demanda, se publicará una noticia en su contra en la prensa nacional".
Rosell, en uno de sus tuits, expone también que le habían avisado de que Vox contactó con su exempleada para que lanzara tales acusaciones por dinero. En otro tuit indica que "los amigos del juez Alba son tan dicharacheros que supimos de este bulo hace un mes. Yo ni siquiera soy la empleadora, pero me meten ahí sabiendo que para @elmundoes la verdad no importa, una vez más. Yo soy la denunciante. La empleada, una mujer utilizada por ellos". Rosell se refiere a una denuncia policial que ha presentado por extorsión. Sosa ya ha prestado declaración como testigo por tal denuncia que, según Confilegal, ya ha sido judicializada. Este medio indica que la causa ha recaído en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, donde Arcadio Díaz Tejera sustituye a la propia Rosell al frente del mismo. En ese juzgado, según el medio antes citado, es en el que también se dirimirá la querella por presuntas coacciones en contra de Sosa.
Esta nueva polémica llega casi un año después de que el TSJC condenara a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba -al que nombra Rosell en uno de sus tuits- por falsedad documental, cohecho y prevaricación por maniobrar en contra de ella.
