El pleno extraordinario de ayer constó de dos puntos mondos y lirondos: la convalidación de dos decretos leyes del Gobierno autonómico, uno sobre el régimen de excepción del Fondo Canario de Financiación Municipal para el 2020 y de fomento de la participación ciudadana y otro sobre la prórroga del decreto ley 8/2020, del pasado 23 de abril, que establecía el tipo cero al IGIC aplicable a la importación y entrega de bienes necesarios para combatir la Covid-19. El Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo sustenta lo tomaron como un mero trámite bajo la mirada abacial del presidente Ángel Víctor Torres. La oposición, en cambio, hizo su trabajo: desarrollar una lectura política de ambas convalidaciones y denunciar, en un momento excepcionalmente crítico para la sociedad canaria, la cada día más clamorosa inacción del Ejecutivo. Los consejeros optan por el meter la cabeza en los despachos. Los avestruces no padecen la covid 19.

Es bastante grotesco que el Gobierno de Torres infle el pecholata por adelantar a los ayuntamientos los 103 millones de euros que estaba previsto entregar en diciembre y con "libertad" para su libre uso, ya sea como inversión, ya sea como gasto. La gran mayoría de las comunidades autónomas han adelantado transferencias, ayudas y subvenciones a sus respectivos ayuntamientos: es una medida obvia en una crisis que ha recortado los ingresos de las corporaciones locales y ha obligado a enfrentarse a una presión asistencial excepcional como fruto del desempleo rampante. Sin embargo el Ejecutivo -y los responsables de la comunicación gubernamental que culebrean por los pasillos entre desayuno y almuerzo- pretendió vender el decreto como el New Deal de Franklin Delano Roosevet. Porque la mayoría sigue fascinada por sí misma, aunque cunden los síntomas de cansancio. Lo poco que aplauden los diputados de Nueva Canarias las intervenciones del jefe de Gobierno, por ejemplo.

En el decreto, mientras miraba para otro lado, el Gobierno introducía una modificación de la ley de Fomento de Participación Ciudadana. El informe del Consejo Cultivo señaló que dicha modificación no urgía de manera que estuviera justificada su inclusión en el decreto. Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, ejerció como atildado tahúr parlamentario para puntualizar que esa observación, en fin, era claramente subjetiva. Los consejeros del Consultivo se ponen a elucubrar y tal y les salen esas cosas. Es una opinión, y las opiniones son como las corbatas de los diputados, que cada uno tiene la suya, se la ponga o no. La diputada de NC Carmen Rosa Hernández explicó a sus señorías que la participación ciudadana, como estrategia para ampliar y fortalecer la democracia, corría muchísima prisa. Te esperas hasta septiembre y se te pueden morir tres gatitos democráticos. También habló de la importancia de lavarse las manos y usar mascarilla, algo en lo que insistió en su intervención el portavoz de Podemos durante todo el pleno, Manuel Marrero, que citó a Galileo Galilei y a Miguel Bosé, este cronista no recuerda exactamente si en ese orden. Fue entonces cuando, desde su escaño, Casimiro Curbelo se puso la mascarilla de un zarpazo. Parecía abstraído. Tal vez pensando que La Gomera necesita su propio tren y que habría que extirpar cuanto antes el germinal centralismo ferrocarrilero del Gobierno€

En el segundo punto la oposición acusó al Ejecutivo -lo hizo con particular brío la coalicionera Rosa Dávila- de seguir encerrado en el juguete publicitario del Plan de Reconstrucción de Canarias, progresivamente superado por la realidad. "Usted hace en este decreto un corta y pega, necesario en sus términos, pero ha renunciado a la capacidad de desplegar una normativa económica y fiscal propia y de carácter urgente, cuando el Estatuto de Autonomía se lo permite". Román Rodríguez -como suele ocurrir en estas ocasiones -avinagró el gesto y se puso a mirar al techo. "Si las patronales hoteleras quieren venir a esta Cámara cuanto antes para exponer el negro horizonte al que se enfrentan", insistió Dávila, "es porque no encuentran una reacción del Gobierno ante lo que está ocurriendo". Para CC la economía canaria presenta (PIB, desempleo, cierre de empresas, desplome de ingresos) síntomas de hundimiento y lo que trae el Gobierno en pleno agosto a la Cámara es una extensión obligada de un decreto ley. Unos minutos después tomó la palabra Iñaki Lavandera -siempre ligeramente jactancioso y asqueado por verse obligado a tratar a la chusma opositora- para deplorar el catastrofismo de la oposición e insistir en que todo se está haciendo muy bien y que Coalición Canaria estuvo muchos años en el poder, que es invariablemente su argumento más repetido y sutil a la hora de defender la gestión de su Gobierno.

La sesión duró un suspiro. Algunas de sus señorías aprovecharon la sesión para enseñarse fotos de sus primeros días de vacaciones, contarse anécdotas familiares y lanzar presagios sobre un otoño espeluznante allá fuera, donde la realidad afila sus dientes. Otros se dedicaban a cosas más serias, como Patricia Hernández, exalcaldesa de Santa Cruz, que le exige a Torres "un cargo con visibilidad", la secretaría primera en la Mesa de la Cámara o la presidencia del grupo parlamentario socialista. Existe un ligero problema: la presidenta del grupo socialista es la vicesecretaria general del PSOE, Nira Fierro, y el secretario primero de la Mesa es el secretario de Organización del PSOE, Tomás González. Son cargos que, por lo demás, exigen curro, dedicación y atención, lo que al entorno de Torres se le antoja incompatible con dirigir la oposición en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hernández, sin embargo, no se rinde, e insiste hasta la neuralgia (ajena) en la imperiosa necesidad de un pequeño o grande pedestal parlamentario.

- Chanito, Chanito, Chanito€ ¿Tú me entiendes, no?