Un grupo de diez ciudades de tamaño medio con gobiernos de diferentes colores políticos, entre las que se encuentra Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza o Bilbao, inició esta semana la rebelión contra el decreto ley que el Gobierno pretende elevar al Congreso sobre el uso del superávit de los ayuntamientos, ahora bloqueados en los bancos. Al movimiento se han ido incorporando las verdaderamente grandes -Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga- que casi hacen del acuerdo papel mojado al anunciar que no entregarán a Hacienda sus superávits. Exigen al gobierno de Pedro Sánchez que les permita acceder a esos fondos sin estar obligados a transferirlos previamente al Estado. Algunos de esos alcaldes hablan de "confiscación" y el PP directamente acusa al Gobierno de "robar los ahorros" de los ayuntamientos.

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, exigía ayer al Gobierno la retirada inmediata del real decreto ley "expropiatorio, discriminatorio y sin ningún sentido, que abandona completamente al municipalismo".

El popular sostiene que su partido no puede apoyar esa propuesta porque "no responde a las necesidades ni peticiones de las entidades locales, porque excluye al mundo rural y a las más de 3.000 entidades locales que han cerrado 2019 con remanentes de tesorería negativos. Además, hipoteca las inversiones de futuro de las entidades locales y destruye la autonomía local".

En una reunión con responsables de corporaciones locales de su partido, Terol ha acusado al Gobierno de aprobar con "agostidad y alevosía" el real decreto que "incauta, expropia y roba los ahorros de los ayuntamientos, que son los ahorros públicos de los ciudadanos".

Además, califica la norma de "chantaje" pues "pretende incautar" 15.000 millones de euros de ahorros de los ayuntamientos y devolverlos a los 15 años; y asegura que es "falso" que, a cambio del remanente, el Gobierno habilite un fondo de 5.000 millones para ayudar a "todos" los ayuntamientos puesto que solo lo hará a los que tengan ahorros y se los hayan prestado, es decir, dejará fuera a unos 3.000 -de los 8.000--, que "como tienen deuda, son discriminados por el Gobierno".

Pero además, según Terol, se "excluye al mundo rural" y más de 5.000 ayuntamientos con menos de mil habitantes "quedarán fuera" del decreto porque éste, obliga "a en qué gastar; en cosas importantes pero no urgentes en la actual situación de rebrotes", áreas "alejadas de la realidad de estos pequeños ayuntamientos".