Unos 2.000 migrantes con una situación administrativa irregular que solicitaron el Ingreso Canario de Emergencia (ICE) están a la espera de esta percepción al ser requeridos por el Gobierno regional para cumplimentar su documentación. Para ello, deben únicamente presentar un informe social sobre su situación, al igual que otras 1.000 personas que dieron mal sus números de cuenta, entre otras cuestiones, y que han recibido de la Consejería de Derechos Sociales requerimientos para poder cobrar esta ayuda. Tienen diez días para hacerlo tras su publicación en el BOC, si bien, según Gemma Martínez, viceconsejera del área que dirige Noemí Santana (Podemos), desde hace un mes ya estaba colgado en el tablón de anuncios al que tienen acceso los solicitantes la documentación que deben presentar.
Al respecto, la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Cristina Valido, critica que el Gobierno regional cargue sobre los ayuntamientos la elaboración de esos informes, ya que, según puntualiza, las instituciones municipales están desbordadas por todas las ayudas que gestionan y se les marcan un plazo "insuficiente para su elaboración", denuncia la diputada.
El desconocimiento del trabajo y situación actual de los trabajadores sociales municipales, "ha llevado a la consejera Noemí Santana a decir que con un sencillo informe social de su ayuntamiento los demandantes pueden resolver favorablemente sus solicitudes", argumenta Valido. Tras pretender que se asuma esta gestión en solitario, "son los ayuntamientos los que tienen a los ciudadanos en la puerta exigiendo esos informes que han de presentar en un plazo de 10 días", condena Valido.
Criticas de los nacionalistas
El Grupo Nacionalista Canario advierte del escaso plazo y comparte la posición del Colegio de Trabajadores Sociales, que plantea que estas exigencias de documentación no fueran previas, porque coloca la responsabilidad en los profesionales municipales.
El informe social que se solicita requiere de un serio trabajo previo que permita elaborar un diagnóstico e informe social riguroso y contrastable, y si no se emiten estos informes en el tiempo requerido por el Gobierno, los demandantes entenderán responsables a los municipios de la denegación de la ayuda, asevera Valido.
Según la diputada, parece que la Consejería desconociera la situación de desbordamiento en los servicios sociales municipales y el trabajo de emergencia que están realizando para las familias, en el caso, como por ejemplo, de la Prestación Canaria de Inserción, cuyos informes en muchos ayuntamientos tardan meses en realizarse.
Al respecto, la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno se muestra "sorprendida" por las críticas de la exconsejera nacionalista de este área y actual diputada. Expone que no han recibido quejas de los ayuntamientos, cuestión que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) avaló ayer al reseñar que no tienen constancia de que se estén pidiendo estos informes y, en todo caso, los ayuntamientos están colaborando con los trámites de las solicitudes. Según Gemma Martínez, el 7 y 8 de abril el Gobierno se reunió con los 88 ayuntamientos para explicarles el funcionamiento del ICE derivado de la pandemia y adelantó que si alguno de los solicitantes necesitaba un informe social tirarían de los municipios, "y no hubo ningún problema".
Recuerda que el 29 de abril la consejera Noemí Santana se reunió con 220 trabajadores sociales en Tenerife y tampoco se produjo ningún debate. La viceconsejera explica, en cualquier caso, que por el Covid-19 se decidió otorgar esta ayuda de carácter único para aliviar la situación de miles de canarios que no recibían ninguna prestación.
El Ingreso Canario de Emergencia se tramitó con celeridad, expone. Para ello, el Gobierno creó un aplicativo informático específico para el proceso que contó con la implicación de más de 100 técnicos en el proceso de resolución, siendo la primera vez que una ayuda social ha podido ser solicitada sin que la persona demandante tuviera que desplazarse dado que todos los datos se comprobaron de forma telemática.
La ayuda llegó en julio a un total de 28.023 personas, de las cuales 8.593 la conforman familias de un solo miembro, 8.078 de dos miembros, 6.366 de tres y 4.986 de cuatro miembros o más, por lo que un total de 15.862 unidades familiares se beneficiaron de esta percepción que rondaba entre los 367 euros y los 478 euros, dependiendo del número de personas.
Para ello se invirtieron seis millones de euros, de los 16 que contaban para esta ayuda. Su intención es llegar a las 20.000 unidades familiares, si las 3.000 que fueron requeridas, por no cumplir los requisitos, presentan ese informe social.
Martínez explica que tuvo que llegar a un acuerdo con su Intervención para que permitiera conceder la ayuda a esos solicitantes solo con el informe social y en ese proceso están. Y recalca que esa documentación no solo la pueden hacer los ayuntamientos sino cualquier entidad pública con graduados sociales y organizaciones acreditadas, y, de hecho, ya ha recibido informes de Cruz Roja y de Cáritas, precisa. De esas 3.000 solicitudes requeridas, 2.000 son de peticionarios con problemas de pasaporte en situación irregular y otros 1.000 de demandantes que no han dado bien sus datos o su número de cuenta. Los diez municipios que más ayudas recibieron por el ICE fueron Las Palmas de Gran Canaria, con 3.408 ayudas concedidas; Santa Cruz de Tenerife con 2.282 ayudas; La Laguna con 1.505; Arona con 720; Telde con 643; Santa Lucía de Tirajana con 520; Adeje con 400; Granadilla de Abona con 388; Arrecife de Lanzarote con 303 y Tacoronte con 205 casos.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es uno de los que han manifestado que no puede hacer estos informes sociales porque están desbordados, si bien tampoco han tenido muchas demandas y, en cualquier caso, ofrecen información a los solicitantes del ICE para que vayan a otras instituciones con trabajadores sociales colegiados que se los pueden hacer.
La concejala de Asuntos Sociales, Rosario González, expone que en los primeros seis meses del año se han tramitado 17.386 ayudas sociales frente a las 8.867 del todo año pasado, es decir, se han duplicado, y desde marzo a junio tienen 3.142 personas nuevas por lo que no puede tramitar, además, el ICE.
