Una nueva ayuda para el "escudo social" que anunció el Gobierno central con el comienzo de la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima con los sindicatos y las organizaciones empresariales un subsidio extraordinario que podría rondar los 430 euros durante tres meses para más de medio millón de desempleados del país -más de 22.000 en Canarias- que hayan consumido su prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, así como una mejora de las prestaciones de alrededor de 150.000 trabajadores con varios contratos a tiempo parcial.

La mesa específica derivada del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo aborda, a falta de concretar, la mejora de la protección para las personas que estaban en paro y consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo, así como la de los trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial. El Ministerio en manos de Yolanda Díaz y los agentes sociales trabajan para avanzar, en este último caso, en que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las que perciben a los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos, ante el agravio respecto a los trabajadores inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

La medida para estos casos pasaría porque Trabajo recalcule sus prestaciones y compense en una paga por el montante dejado de percibir estos meses, lo que podría beneficiar a alrededor de 150.000 personas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos han precisado que estas nuevas medidas están en manos del diálogo social y, por tanto, dependerá de cómo se cierre el subsidio y la posible compensación a los trabajadores con contratos parciales para saber exactamente a cuántos trabajadores podría afectar y el gasto total de las iniciativas.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrera, destacó que el subsidio extraordinario busca proteger a las personas que hayan agotado sus prestaciones durante la pandemia o se hayan quedado en desempleo y no tenían derecho a prestación, con el fin de corregir el "agravio comparativo" en comparación con los derechos reconocidos a los trabajadores en ERTE a los que no se les exigía requisitos previos para el cobro de la prestación.

"No hay nada cerrado", aclaró en cualquier caso Barrera, quien explicó que se está abordando en la negociación dicha ayuda sin olvidar a los 1,6 millones de personas sin cobertura por desempleo que ya había antes de la crisis. Barrera, en este sentido, ve "imprescindible" abordar la negociación del sistema de cobertura social para que "todo el mundo tenga protección y nadie quede atrás", evitando la "factura" de la desigualdad como en la anterior crisis.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, recordó, a su vez, que la prioridad del sindicato al que representa es proteger a las personas que han visto extinguido o suspendido su trabajo durante el estado de alarma decretado a raíz de la irrupción del Covid, evitar despidos y la destrucción de empleo en esta situación y, al mismo tiempo, proteger a las personas paradas que estaban consumiendo la prestación por desempleo sin posibilidad alguna de encontrar una nueva oportunidad en el mercado laboral.

"Esta medida, que beneficiará a 550.000 personas y a otras 150.000 más. De ellas, el 75% son mujeres, que verán mejoradas sus prestaciones por suspensión de contratos a tiempo parcial. Se debe mantener hasta el 30 de septiembre y más allá, tanto para los ERE como para las personas que vean extinguir la prestación posteriormente, en la medida que no se recupere la normalidad en el mercado de trabajo", defendió Bravo.

En Canarias, y tendiendo en cuenta el peso de la población de la Islas sobre el total nacional, podrían beneficiarse más de 22.000 personas por esta ayuda que ultima Trabajo. En cualquier caso, aún se desconocen los requisitos y, por tanto, cuántos ciudadanos del Archipiélago podrán acogerse a dicho subsidio. La región, por su alta dependencia al turismo - este sector que aporta el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 40% de los empleos- es, junto con Baleares, la comunidad más golpeada por la crisis del Covid. El 21,55% de la población activa de Canarias no tiene empleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre publicada hace un par de semanas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa es la más alta del país y se sitúa 6,22 puntos por encima de la media.