A las tres de la madrugada del pasado domingo 2 de agosto la Salvamar Menkalinan rescataba de las aguas del sur de Gran Canaria una embarcación con 43 migrantes que llegaban al puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán. De todos ellos, trece personas dan positivo por covid-19. Este grupo se suma a otro llegado sin positivo alguno unas horas más tarde, a las nueve y media de la mañana, de forma que el domingo al mediodía, salvo dos mujeres y una niña que fueron desplazadas del lugar por Cruz Roja, sobre la superficie del dique del puerto quedaron varadas 71 personas a las que les habilitaron dos carpas, una por patera, para iniciar la preceptiva cuarentena.
Allí pasarían en precario tres días con sus noches los recién llegados, hasta que el miércoles el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, anuncia que a lo largo de ese día se les asignaría un lugar alternativo, dado que el que dispone en un almacén del puerto de La Luz también se encontraba ocupado con otro grupo de 55 migrantes pasando cuarentena tras detectarse también varios positivos entre ellos.
Ese nuevo punto fijado por Pestana, según detalló en ese mismo mediodía Samuel Henríquez, de Nueva Canarias y en aquél momento alcalde accidental de San Bartolomé de Tirajana, estaba a no muchos kilómetros de allí, en la residencia escolar de Tunte. Según declaraba, se había enterado de la nueva por los propios vecinos del pueblo sureño, cuando "una decisión de este calado merece un tratamiento oficial y un mayor respeto a nuestra administración". La mecha estaba encendida.
A esas horas numerosos vecinos empezaban a reunirse en los accesos del pueblo con ánimo de evitar la entrada de los nuevos inquilinos de la residencia escolar. Mientras el Ayuntamiento manifestaba su "oposición clara" a que el grupo, entre los que se encuentra -según él- "doce migrantes sospechosos de covid-19", pasara su cuarentena en sus medianías, a primeras horas de la tarde en Tunte se formaba una hilera de contenedores a modo de barricada, que iba cogiendo materia a medida que le añaden depósitos de reciclaje, escombros y ramas según transcurre la tarde.
Hasta que llega la noche y la Policía Nacional se encuentra con una protesta que va a más, con forcejeos y empellones, y que finalmente rechaza la entrada de la guagua que trasladaba a trece positivos en las pruebas con PCR, que fueron desviados a otros centros de Cruz Roja, mientras entraban en la residencia escolar 28 de los 71 migrantes, sometidos a cuarentena.
"No ha podido ser"
La alcaldesa, la socialista Concepción Narváez, retoma la portavocía el jueves para declarar que los vecinos de Tunte "no se merecen ese trato" y que la protesta no alude al hecho de impedir el acceso a los afectados por la enfermedad, ya que ellos "participan y acogen con la manos abiertas cuando se lo piden y les dejan participar, no protestan contra las personas, su enfado viene por las malas condiciones del centro y sus servicios", para finalizar que el esfuerzo municipal está enfocado a "intentar coordinar esta situación pensando en el bienestar de los migrantes afectados y en los recursos del pueblo de Tunte, pero no ha podido ser".
Este mismo argumento es el segundo que se expone en Gran Canaria en apenas dos meses, porque en Agüimes, Antonio Rico, el presidente de Cruz Roja en Canarias, anunciaba para el lunes 8 de junio el inicio con el apoyo del Estado de la instalación de un campamento de acogida en una parcela del polígono industrial de Arinaga, calificado como un "centro temporal" para acoger en plena crisis sanitaria a los migrantes "respetando los tiempos de cuarentena".
Con la ayuda de especialistas, arquitectos e ingenieros, el proyecto contemplaba el alojamiento de 900 personas, de las que el 10% de las plazas estarían destinadas a aislar a los positivos, lo que implicaría el trabajo conjunto de entre 200 y 300 personas en un espacio de 250.000 metros cuadrados cedido por la Autoridad Portuaria. El proyecto debería quedar finalizado en un mes. En un primer momento el alcalde de la localidad, Óscar Hernández, justificaba que su implantación no requería del permiso municipal, ya que se trataba de una parcela de Autoridad Portuaria, para recalcar, textualmente, que "la ONG tendrá la colaboración humanitaria del Consistorio, de eso no hay la menor duda, pero sostengo que el espacio no reúne las condiciones mínimas para esa labor".
Según expresa, el lugar está concebido como zona industrial, con unas condiciones de sol y viento intenso, y que además se encuentra cerca de la depuradora comarcal". Hernández subraya que "el Estado tiene que asumir su responsabilidad y buscar soluciones dignas que humanicen la atención a los migrantes".
"No me las pongan cerca"
Se abría así la espita a un toma y daca en el que la indudable colaboración del consistorio aludida por Hernández, incluye el rechazo de ese campamento por los argumentos ya citados, al que se incluye la necesidad de dejar diáfanos esos terrenos ya que hay empresas interesadas en ese área, además de la existencia de un informe de sus servicios jurídicos en que se reporta que el polígono industrial solo puede acoger actividades relacionadas con el tráfico marítimo. En pleno municipal, 18 de los 21 ediles votan a favor de una moción contraria a la instalación refrendada por Roque Aguayro, Ciudadanos y Coalición Canaria, con la abstención de los ediles del PSOE.
