El pueblo grancanario de Tunte recobró ayer la normalidad con la vuelta a casa del único detenido en los incidentes del miércoles y el jueves por el rechazo de los vecinos al traslado de nuevos inmigrantes al centro de acogida del pueblo para que cumplan allí la cuarentena de la Covid-19. Tras prestar declaración en el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, Manuel Cabrera, de 69 años, quedó en libertad a las 14:00 horas de ayer viernes tras aceptar una acusación de desobediencia a la autoridad y el pago de una multa, según informaron sus familiares.

La Policía Nacional retiró las acusaciones de desacato y violencia, y a su vez el detenido renunció a denunciar a los agentes antidisturbios que le detuvieron la tarde del jueves al intentar acercarse a la guagua que trasladó al segundo grupo de inmigrantes. En el incidente, los miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) inmovilizaron al dirigente vecinal, que horas antes había ejercido de portavoz de los concentrados, y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de una subida de tensión y de magulladuras en la cara y el cuerpo.

Tras abandonar el hospital por la noche, no fue retenido en comisaría, sino que se le citó a declarar en el Juzgado a las 10.00 horas. Tras aceptar los cargos de desobediencia a la autoridad y la sanción correspondiente, se evita la celebración de un juicio por dichos incidentes. Ismael Guerra, portavoz de los vecinos, aseguró ayer que el pueblo ha recobrado la calma habitual de estos días de verano, pero adelantó que "el movimiento vecinal va a seguir en la lucha por el derecho a la salud de la población de Tunte y de los propios inmigrantes", pues insistió en que recinto es un aula de la naturaleza y no reúne las condiciones sanitarias para pasar la cuarentena del coronavirus.

Guerra señaló que los vecinos trasladan ahora la responsabilidad al Ayuntamiento y a los grupos políticos municipales, que también se han opuesto al uso del albergue de Tunte como centro de tratamiento para los posibles afectados de Covid-19 y han criticado la actuación del delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana, por no coordinar ni informar de sus decisiones a las autoridades locales. De hecho, la alcaldesa Conchi Narváez, compañera de Pestana en el PSOE, ha anunciado que pedirá responsabilidades a la Delegación por esas decisiones y consideró que "los vecinos de Tunte no se merecen este trato".

El portavoz de los residentes declaró que a partir de ahora deben ser los representantes políticos los que tienen que estar al frente en este problema, junto a los vecinos. "Me consta que algunos están comprometidos, pero son ellos los que tienen la vía para corregir los comentarios falsos y aprovechados de sus compañeros de partidos en otras administraciones, que han acusado al pueblo de racista sin ni siquiera saber dónde está Tunte".

"Todos ustedes fueron elegidos por el pueblo y son los que tienen que estar con el pueblo, le pedimos unión, comprensión y ayuda urgente", señaló Guerra en clara referencia a las declaraciones de representantes políticos como Pestana o el diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, que han condenado las protestas de los vecinos por considerarlas racistas.

"Tenemos que seguir luchando, primero, por la seguridad del pueblo, por la salud de nuestra gente y por la de los migrante; pero son nuestros los que tienen que dar un paso al frente, y en primera linea, y defender nuestros derechos, nosotros ya lo hicimos, y lo seguiremos haciendo", concluyó el portavoz vecinal.