El traslado de otros 39 inmigrantes al centro de acogida de Tunte provocó ayer otra protesta de los vecinos del pueblo y acentuó el enfrentamiento institucional entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la Delegación del Gobierno central en Canarias. La alcaldesa Conchi Narváez (PSOE), que se encuentra de vacaciones fuera de las Islas, y el alcalde en funciones, Alejandro Marichal (CC), criticaron la actuación del delegado del Gobierno, el socialista Anselmo Pestana, por la decisión de utilizar el albergue de Tunte como centro de cuarentena de la Covid-19, sin informar a la población ni coordinarse con las autoridades locales. También lamentaron el trato a los vecinos durante las protestas a las puertas del recinto y rechazaron las acusaciones de racismo contra la población del municipio.

A mediodía de ayer se registraron nuevos forcejeos entre los vecinos y la Policía Nacional a las puertas del edificio, durante la llegada de un nuevo grupo de inmigrantes para pasar el periodo de cuarentena del coronavirus. Manuel Cabrera, uno de los portavoces de los vecinos, de 69 años, tuvo un enfrentamiento con un agente y debió ser trasladado a un centro sanitario por una subida de tensión y magulladuras, para después pasar a prestar declaración en la comisaría de Maspalomas. Según sus familiares, Cabrera se plantea denunciar a la Policía Nacional por una presunta agresión, pues el forcejeo en el que cae al suelo está grabado.

Tras los incidentes de la noche del miércoles, cuando unos 200 residentes del pueblo intentaron impedir el acceso de un primer grupo de 28 inmigrantes con una sentada y varios contenedores atravesados en la vía, la calma volvió a Tunte durante toda la mañana y solo la presencia de periodistas y policías rompió la monotonía en las calles del casco urbano. Los vecinos y el Ayuntamiento dieron por buena la decisión de no trasladar a ese albergue a las 13 personas que llegaron el domingo a Arguineguín y dieron positivo por Covid-19. Sin embargo, la llegada un segundo grupo a las 14.00 horas, también sin información previa, volvió a agitar el malestar del Consistorio y la población.

Antes incluso de esa segunda protesta, la alcaldesa Conchi Narváez emitió una nota en la que afirmó que "los vecinos de Tunte no se merecen este trato" y anunció que el Ayuntamiento pedirá "responsabilidades a la Delegación del Gobierno por la mala gestión en este traslado de inmigrantes", pues consideró que "ha faltado comunicación y coordinación". "Los vecinos del pueblo participan y acogen con la manos abiertas cuando se lo piden y les dejan participar, no protestan contra las personas. Su enfado viene por las malas condiciones del centro y sus servicios. Hubiese sido más fácil contar con ellos en lugar de enfrentarse a ellos. Nuestro esfuerzo ha sido intentar coordinar esta situación pensando en el bienestar de los migrantes y en los recursos del pueblo de Tunte, pero no ha podido ser. También nos preocupa la situación de los 80 inmigrantes que ya se habían integrado en el pueblo y han sido trasladados", apuntó Narváez.

Alejandro Marichal, alcalde en funciones, también incidió en esas críticas en unas declaraciones a las puertas del centro, en las que sostuvo que la Delegación del Gobierno está tratando a los inmigrantes "como mercancía". El regidor rechazó las acusaciones de racismo y recordó que desde septiembre de 2019 han estado conviviendo centenares de inmigrantes subsaharianos en el municipio, no solo en Tunte, sino también en Ayagaures. Lo que sucedió el miércoles, según Marichal, fue una falta de información por parte de la Delegación. "No se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para explicar la decisión que había tomado; y luego, en el fondo, porque hasta el mismo miércoles había migrantes que estaban conviviendo con los vecinos y no se entiende por qué ese traslado a otros centros para traer a otros que han estado en contacto con personas contagiadas".