Los firmantes del pacto por la reactivación social y económica de Canarias dispondrán a comienzos de septiembre de un borrador definitivo de esta iniciativa, dirigida a poner las bases de la recuperación tras el impacto de la crisis del coronavirus en las Islas. Será entonces cuando acuerden una propuesta "cerrada" de plan y la trasladen al Gobierno regional para su aprobación, previa a su debate en el Parlamento. En los días que restan de agosto, los signatarios del documento -fuerzas políticas, organizaciones empresariales y sindicatos- harán sus aportaciones para las acciones que contemplará la fase B del plan, que se extenderá entre 2021 y 2023.

La segunda reunión de la comisión de seguimiento del pacto se reunió ayer, poco más de veinte días después de su primer encuentro y tras las buenas noticias que para la financiación de las medidas han supuesto la posibilidad de que cabildos y ayuntamientos hagan uso de su superávit y remanentes de tesorería y, sobre todo, el acuerdo del Consejo Europeo para impulsar la recuperación mediante una inyección económica que, para España, alcanza los 140.000 millones de euros, más de la mitad de ellos en transferencias directas. El grado de acuerdo entre los firmantes fue incluso mayor que en la anterior reunión, en especial por la relativa satisfacción mostrada por Coalición Canaria, que hasta ahora había sido muy crítica por la falta de concreción que, a su juicio, caracterizaba la iniciativa. "Hoy por lo menos empieza a esbozarse una propuesta de plan más articulada", admitió el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán.

El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, fue el encargado, por parte del Gobierno, de exponer los acuerdos alcanzados y el cronograma para el desarrollo del plan. Olivera destacó la importancia de que el documento sea aprobado con la mayor rapidez posible, dado que será la "guía" para tratar de captar la financiación de la UE, una muestra de "fortaleza" ante el Estado -al contener "propuestas de toda Canarias y no solo del Gobierno"- y un instrumento que marque las prioridades de Ejecutivo, cabildos y ayuntamientos a la hora de elaborar sus presupuestos para el próximo ejercicio.

El plan -añadió el viceconsejero- tendrá "vocación de dinamismo y flexibilidad" e incluirá previsiones, "aunque sean de forma general", sobre la forma de actuar en caso de que "se materializan posibles riesgos", sobre todo rebrotes de la pandemia que pudieran representar nuevos sobresaltos para la economía.

En esa necesidad de contar con planes de contingencia había hecho hincapié Barragán previamente. El portavoz de CC animó al Gobierno a "marcar las prioridades" del plan, puesto que, en su opinión, no habrá recursos suficientes para todas las acciones previstas. "Nada se va a cumplir en su integridad", auguró. Como otros de los firmantes del pacto, los nacionalistas destacaron la importancia de apremiar al Estado para que prolongue los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor o los créditos avalados por el ICO, al tiempo que abogó por introducir la inmigración irregular en la agenda a través de una mejora de los recursos para la atención social y sanitaria y la intensificación, en el seno de la Unión Europea, del control de las salidas mediante el trabajo con los países africanos.

También Casimiro Curbelo (ASG) hizo referencia al fenómeno migratorio. "Hay un cierto desatendimiento del Estado a las personas que llegan en pateras", dijo el presidente del Cabildo gomero, que consideró "imprescindible" que las corporaciones locales participen de los fondos de reconstrucción. Manuel Marrero (Unidas Podemos) reclamó, precisamente, una mayor coordinación del Gobierno con los cabildos y ayuntamientos. Luis Campos, de Nueva Canarias, expresó su satisfacción por que la financiación para 2020 esté "prácticamente salvada", mientras que Nayra Alemán (PSOE) celebró que ya haya "una hoja de ruta marcada". Por parte de los sindicatos, Inocencio González (CCOO) destacó que el plan contiene medidas para diversificar la economía y así "hacer una Comunidad Autónoma más resistente y sostenible".

Aunque dos formaciones políticas con representación en el Parlamento regional -el PP y Ciudadanos- han rehusado suscribir el pacto, el Ejecutivo mantiene "la puerta abierta" a su incorporación. "Son dos fuerzas políticas con peso en el Congreso de los Diputados y pueden ser de gran utilidad para sacar adelante asuntos importantes para Canarias", resaltó Antonio Olivera.