El Gobierno de Canarias expresó ayer a los ministros de Inclusión y Política Territorial su negativa a asumir en solitario las cuarentenas para los inmigrantes llegados a las Islas en patera o cayuco que den positivo en Covid-19 y sus contactos estrechos. El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, transmitió a José Luis Escrivá y Carolina Darias -en el curso de una reunión telemática- que la disposición incluida en el último borrador del protocolo de acogida remitido por el Gobierno central "no tiene cobertura jurídica", puesto que deja en manos de la Comunidad Autónoma competencias que, a su juicio, corresponden al Estado.

El encuentro entre el presidente canario y los ministros -en el que se abordaron también los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ingreso mínimo vital- concluyó con el compromiso de negociar "en los próximos días y semanas" un "convenio de cogestión" en el que se establezcan las funciones que deberá ejercer en este aspecto cada una de las administraciones. "Si no nos ponemos de acuerdo, será la Justicia la que tenga que dilucidarlo", advirtió Torres. Canarias no se opone a dar atención hospitalaria a los inmigrantes que lo requieran -"quien tenga que ser llevado a un hospital será llevado a un hospital", remarcó el presidente-, pero cree que los dispositivos de aislamiento, vigilancia y atención sanitaria de los migrantes contagiados pero cuyo estado sea leve -incluso asintomáticos- y de sus contactos cercanos forman parte del ámbito competencial del Estado.

Al margen de la discrepancia en cuanto a las competencias, el Gobierno autonómico argumenta que "la situación de los espacios" hace inviable asumir las cuarentenas decretadas para los migrantes. Ángel Víctor Torres recordó, en este sentido, que las administraciones del Archipiélago -ayuntamientos, cabildos y el propio Ejecutivo- han cedido hasta 28 espacios para la atención a estas personas. "Algunos de ellos -precisó el presidente- deben de ser devueltos, porque son instalaciones escolares y el próximo curso empezará pronto". Por ello, ha pedido al Estado que destine sus propios espacios, sobre todo los del Ministerio de Defensa, pero también algunos de las viviendas que tiene la Sareb, el conocido como banco malo, que gestiona activos inmobiliarios que lastran los balances de las entidades financieras. "Hemos reclamado al Gobierno de España que arbitre todos los recursos a la mayor urgencia posible para que estos espacios puedan ponerse a disposición", recalcó Torres.

Reparto de fondos

El presidente manifestó su desacuerdo con que, para financiar los recursos necesarios para prestar la acogida a los inmigrantes llegados en patera o cayuco, el Estado haya sugerido que se utilicen los fondos no reembolsables destinados a la Covid-19. "Cuando se aprobaron esos fondos se habló de unos criterios claros: número de test PCR, camas ocupadas y unidades de cuidados intensivos. En ningún caso se aludió a un reparto que tuviera en cuenta qué comunidades autónomas tienen que atender a la inmigración irregular", argumentó. Aunque no forma parte de las atribuciones de ninguno de los ministros presentes en el encuentro, el jefe del Ejecutivo canario hizo incidencia en la necesidad de "profundizar en las medidas de vigilancia" -caso de los recursos de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas- dirigidas a controlar la llegada de embarcaciones a las costas de las Islas, que ha experimentado un considerable crecimiento durante los últimos meses.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana -quien también participó en la reunión-, recordó que el Archipiélago fue la primera comunidad autónoma en hacer pruebas PCR para la detección del coronavirus a los inmigrantes llegados en embarcaciones, una medida que luego ha sido adoptada por otras regiones. "Eso ha permitido que a día de hoy podamos decir que no ha habido ningún contagio a residentes", destacó.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio llegaron al Archipiélago o fueron rescatados en aguas próximas a él 3.269 inmigrantes en 108 pateras, cinco veces más que en el mismo periodo de 2019, según datos recogidos por Efe. Se trata de la cifra más alta desde 2008, cuando se dio por finalizada la llamada crisis de los cayucos, que había empezado dos años antes. A ese episodio hizo referencia Torres al recordar cómo entonces, cuando ostentaba la alcaldía de Arucas, cedió instalaciones municipales -al igual que hicieron otros ayuntamientos- y se reunió con los vecinos para "explicarles una situación que Canarias también vivió", en referencia a la etapa del siglo XX en que se produjo una intensa corriente migratoria desde las Islas a diversos países de Latinoamérica. Pestana auguró que en la segunda mitad del año, cuando las condiciones del mar son más favorables, se producirá un "repunte importante de las llegadas". "Seguimos trabajando", aseguró Pestana. El delegado reconoció que son el Gobierno regional y las corporaciones locales quienes "están facilitando la mayoría de los espacios" y, aunque rechazó concretarlos, avanzó que el Estado aportará también los suyos, "sin renunciar a seguir pidiendo algunos recursos a la Comunidad Autónoma", para crear una red estable de infraestructuras de acogida.

Trece positivos

La Consejería de Sanidad comunicó ayer el resultado de los PCR realizados a los 71 inmigrantes que, hasta ayer, llevaban tres noches durmiendo en carpas de la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín. Entre los ocupantes de una de las dos pateras se diagnosticaron trece positivos, que fueron trasladados a Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, entre las protestas de algunos vecinos de la zona. Los contagios se detectaron entre las 43 personas que llegaron a Arguineguín en la salvamar Menkalinan a las 3:00 de la madrugada del domingo, tras haber sido rescatados de una lancha neumática que presumiblemente había partido desde El Aaiún.

A la situación de este colectivo se refirieron también Torres y Pestana. Evitar episodios como el vivido por estos migrantes es, precisamente, el objetivo de la red de espacios de acogida disponibles que persiguen crear las administraciones autonómica y central. El presidente del Gobierno afirmó que su sensación ante este caso es "la misma que la que cualquier ciudadano bien nacido pueda tener". El delegado, por su parte, aclaró que, si desembarcara otra patera, sus ocupantes serían alojados en la nave del mismo muelle de Arguineguín, "que se ha ido mejorando poco a poco".