Los ayuntamientos y cabildos de Canarias tendrán que ceder al Gobierno central de manera obligatoria los 3.200 millones de euros de superávit que han acumulado durante los últimos años. Así lo decidió ayer una Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) absolutamente dividida por vez primera en su historia. Solo el voto de calidad del presidente del órgano supramunicipal, el vigués Abel Caballero (PSOE), permitió que saliera adelante la propuesta del Ministerio de Hacienda.
Los partidos que integran la oposición en la política regional canaria no ahorraron en críticas. "Un atraco", para la presidenta en las Islas del PP, Australia Navarro; "un triunfo de la disciplina de partido frente al municipalismo", según el secretario general de CC, José Miguel Barragán, o "una artimaña de la ministra [de Hacienda, María Jesús] Montero", en palabras de la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Cámara autonómica, Vidina Espino.
Tampoco dos de los socios de Ejecutivo del presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), optaron por la discreción para favorecer la gobernabilidad. Desde Nueva Canarias (NC), Esther González, integrante de la ejecutiva del partido que preside Román Rodríguez -principal aliado de Torres y vicepresidente de las Islas-, señaló que no ha existido negociación y todo se ha reducido a "un mercado puro y duro".
Por su parte, Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), otro de los partidos que conforman en cuatripartito canario, consideró "un despropósito" el acuerdo. Curbelo es también presidente del Cabildo de La Gomera y ya puso la venda sobre una herida que, en su opinión -"ojalá me equivoque", señaló- se abrirá hoy cuando el Consejo de Ministros lleve a las instituciones insulares por el mismo camino que ayer marcó a los ayuntamientos.
El funcionamiento
El acuerdo que dividió ayer a la FEMP insta a los ayuntamientos a enviar al Ministerio de Hacienda el dinero que han ahorrado en virtud de las exigencias que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP en 2012. La ausencia de déficit la cumplen la inmensa mayoría, mientras que la regla de gasto les ha impedido tocar esos 3.200 millones de euros que han acumulado en los bancos.
¿Están obligados a ceder el dinero? De la lectura del acuerdo se desprende que no, sin embargo, no hacerlo, les impide recibir un solo euro de los 5.000 millones de euros que Madrid va a enviar a fondo perdido -ayuntamientos y cabildos no tienen que devolverlo- durante este y el próximo año. ¿Cuánto corresponderá a cada uno? El 35% de la cantidad que dejen en manos del Ministerio de Hacienda. En cuanto a la devolución del préstamo, comenzará a contabilizarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y se prolongará durante diez años.
Una muestra de la división de opiniones -PSOE, por un lado, y resto de partidos, por otra- la ofrecieron ayer los alcaldes de los dos municipios capitalinos del Archipiélago. El regidor de Las Palmas de Gran Canaria, el socialista Augusto Hidalgo, incidió en que la decisión del Gobierno central les permite "por fin, utilizar remanentes y superávits"; algo que les estaba vetado desde el periodo de austeridad iniciado en 2012. Hidalgo explicó que la pérdida de ingresos generada por la pandemia se podrá "compensar con ingresos provenientes del Estado".
Por un lado, ese 35% de la cantidad prestada; por otro, la participación en el fondo de hasta 400 millones de euros destinado al transporte público y, por último, la parte que llegue de los 140.000 millones de euros aprobados por Bruselas. "Además, nos exime de techo de gasto en 2020. Es un buen acuerdo y mucho mejor que el documento que se barajó en la Comisión Parlamentaria de Reconstrucción", afirmó.
Desde la otra capital canaria, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), valoró el acuerdo como "absolutamente negativo. Lo ha impuesto el Gobierno de España porque le viene bien, pero rompe el municipalismo y es injusto con los protagonistas de la contención del déficit durante los últimos diez años".
En consonancia con todas las voces críticas, el regidor nacionalista explicó que se asesta un golpe a la primera línea de atención pública. "La del ayuntamiento es la primera puerta en la que tocan los ciudadanos que tienen problemas", destacó Bermúdez.
Presión de Hacienda
Por su parte, el vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios y Provincia (Fecam) y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (NC), señaló que Hacienda ha ideado un mecanismo "para presionar a los ayuntamientos". Una forma de proceder que, en su opinión, constituye "una absoluta falta de respeto".
Del mismo modo, se mostró en contra de que las cantidades que Madrid remita este año y el próximo -el 35% del préstamo- tenga que emplearse "en lo que ellos digan". En torno a esta misma cuestión, José Manuel Bermúdez criticó que tras "confiscar los ahorros de los últimos diez años", sea el propio Gobierno central el que, "de manera graciable" si envía o no fondos según sea la naturaleza del proyecto.
La popular Australia Navarro aseguró que el "atraco", como calificó el acuerdo, tiene por único objetivo "sufragar los errores de Pedro Sánchez" y "ata de pies y manos a las entidades locales cuando más necesitan de su atención los vecinos".
En la misma línea, José Miguel Barragán (CC) recalcó que muchos ayuntamientos contaban con sus remanentes para hacer frente a la crisis social y económica. Los han dejado "vendidos y sin capacidad de respuesta", afirmó.
