El Gobierno canario da una nueva vuelta de tuerca a las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. El Ejecutivo valora hoy en el Consejo de Gobierno si obliga al uso de la mascarilla como en el resto de las comunidades autónomas, pero lo que sí va a intensificar y endurecer es el control sobre los botellones de los jóvenes, las reuniones familiares en asaderos, los recintos cerrados y locales de restauración y ocio nocturno que incumplen las normas y que son los principales focos de los nuevos contagios.

La preocupación de Sanidad se centra en las aglomeraciones que se forman en los alrededores de discotecas y locales de ocio nocturno sin respetar las distancias ni las medidas de protección. También las fiestas familiares y de amigos, los espacios cerrados y aquellas terrazas y locales de restauración en los que se ha detectado que no se cumplen con la separación obligatoria de las mesas. A la vista de que en agosto muchas personas están de vacaciones existe un notable incremento de las concentraciones en zonas turísticas y lugares de ocio, por lo que el Ejecutivo aprueba medidas para intensificar los controles por parte de las fuerzas de seguridad, que contarán con directrices más claras y más facilidades para poder disolver las aglomeraciones e imponer sanciones.

El cuatripartito se resiste a fijar el uso obligatorio de la mascarilla como en el resto de comunidades autónomas en espacios abiertos porque los datos epidemiológicos y de rebrotes no se han agravado tanto como para aprobar este tipo de medida tan drástica. Fuentes del Ejecutivo señalan que las acciones giran alrededor de los principales focos de contagio ya citados, si bien admiten que también hay que reforzar la vigilancia en las calles de algunas zonas turísticas donde se ha detectado que se usa poco la mascarilla pese a no haber la distancia de seguridad adecuada. "La clave es aclarar y mejorar la normativa en aquellos casos que garanticen que Canarias mantenga los bajos niveles de contagiosidad que tiene en comparación con otras comunidades", agregan las fuentes.

En el último Consejo de Gobierno, el portavoz Julio Pérez adelantó que el Ejecutivo no quiere dejarse llevar por las comparaciones sino "hacer lo necesario tanto como sea necesario para actuar allí donde no se cumplen las normas, que la policía pueda intervenir para disolver las aglomeraciones y los botellones, que se sancione y se activen los mecanismos judiciales que hagan falta. No nos podemos dejar llevar por las comparaciones, hay que hacer lo necesario para que las normas sean más entendibles y sencillas a fin de que las fuerzas de seguridad puedan actuar allí donde hay incumplimientos".

Ajustes en las cuentas de 2021

El Consejo de Gobierno extraordinario que se celebra hoy también analizará las directrices generales para elaborar los presupuestos autonómicos de 2021, unas cuentas que están condicionadas por la crisis del Covid-19 tanto en la parte referida a los ingresos por la recaudación de los tributos propios y cedidos de la Comunidad Autónoma, como también por los fondos que vengan del Estado a través de la ley de presupuestos y los correspondientes al sistema de financiación autonómica.

La Consejería de Hacienda estima que el presupuesto del próximo año se verá reducido de partida en unos 900 millones de euros, por lo que rondaría los 7.000 millones de euros frente a los 8.066 de este ejercicio. La caída del Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa según las previsiones entre el 10 y el 12%, unos ocho puntos menos que el descenso de este año, que rondará el 20%.

El departamento que dirige Román Rodríguez elaborará el presupuesto de forma similar al de este año, es decir, sin contar con los fondos provenientes del Estado, que después se irán añadiendo a las cuentas autonómicas. El Ministerio de Hacienda tiene previsto presentar el presupuesto del Estado entre septiembre y octubre, con lo que los dos presupuestos podrían ir al unísono y así el Ejecutivo regional dispondría con más seguridad del volumen de recursos provenientes de Madrid, entre ellos los destinados a compensar la caída de los ingresos por la crisis de la actividad turística.