02 de agosto de 2020
02.08.2020

El Gobierno afronta indemnizaciones por 50 millones si hay ceses de interinos

Buena parte de los 1.567 temporales afectados por la oferta de estabilización llevan entre 15 y 20 años en la Administración vLos tribunales, favorables a las reclamaciones

02.08.2020 | 00:45
El Gobierno afronta indemnizaciones por 50 millones si hay ceses de interinos

El Gobierno regional coge el toro por los cuernos en el espinoso problema de la elevada temporalidad que existe en la Administración autonómica. Después de más de una década de indecisiones, de idas y venidas, de crisis y de falta de ofertas de empleo público, el actual Ejecutivo se ha decidido a lanzar una convocatoria para reducir las tasas de interinidad en la Administración General arriesgándose a dos problemas que tendrá que sortear: la amenaza del bloqueo judicial de los sindicatos que se oponen y el riesgo de pagar indemnizaciones a aquellos trabajadores que cesen en su actividad, después de muchos años de labor como empleados públicos, y que podría suponer más de 50 millones de euros de coste para las arcas públicas.

Canarias se encuentra al límite en el objetivo general de reducir la precariedad laboral en la Administración. La gran mayoría de las comunidades autónomas y el Estado han tomado medidas para reducir la temporalidad, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) exigen a las administraciones públicas que diminuyan sus ratios de interinidad y el acuerdo pactado entre el Gobierno central y los sindicatos nacionales ponía como límite el 2020 para convocar procesos de estabilización y consolidación de los puestos temporales e interinos para reducir la tasa al 8% como criterio general. Hace algunas semanas se decidió prorrogar un año más la directriz general de convocar las plazas ocupadas por trabajadores temporales, pero la Dirección General de Función Pública se ha marcado el objetivo de publicar la convocatoria para estabilizar los puestos afectados antes del 31 de diciembre de 2020 y después ir desarrollando las bases y las pruebas en los próximos tres años.

Las plazas afectadas son 1.567, según recoge el informe y el proyecto de decreto elaborado por el Ejecutivo, de las que 1.522 corresponden a personal laboral temporal o indefinido por sentencia y 45 a funcionarios interinos. Se trata de una plantilla que trabaja para la Administración autonómica desde 2005, es decir, muchos de los trabajadores afectados llevan hasta 15 años consecutivos trabajando para la Comunidad Autónoma sin que los puestos que ocupan hayan sido regularizados para ser fijos y con una edad media de entre 40 y 50 años.

Buena parte de la temporalidad se encuentra concentrada en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; la Consejería de Derechos Sociales, el Servicio Canario de Empleo y en la Consejería de Agricultura. Se trata de auxiliares de servicios complementarios, auxiliares administrativos, asistentes sociales, administrativos, educadores infantiles, cocineros, personal subalterno o titulados medios y superiores, entre las principales categorías afectadas.

Junto a la estabilización de este personal hay también una bolsa de unos 800 trabajadores que llevan en la Administración desde antes de 2005, con antigüedades superiores a los 20 años y franjas de edad por encima de los 50 años que tampoco han adquirido una fijeza definitiva en sus empleos y para los cuales el Ejecutivo plantea una oferta de empleo de consolidación, que también podría convocarse de forma paralela a la de estabilización.

El procedimiento que se va a establecer para estabilizar las plazas es el principal motivo de preocupación entre los trabajadores afectados, pero también el principal motivo de discordia entre los sindicatos y de éstos con el Gobierno. Las centrales más críticas con el Ejecutivo -Intersindical y Sepca- advierten que muchos empleados que llevan 15 y 20 años trabajando para la Administración se pueden quedar en la calle si se realiza un concurso oposición al uso, lo que eso supone para la inestabilidad laboral, por un lado, y que la Comunidad Autónoma tenga que hacer frente a indemnizaciones gravosas para las arcas públicas.

Varias sentencias de tribunales autonómicos y un fallo del Tribunal Supremo de 2019 establece que el personal laboral que cese por la cobertura de la plaza vacante que ocupa tiene derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, que sería de 33 días si el contrato es anterior a 2012. Si el Ejecutivo no garantiza mediante la oferta de estabilización que los 1.522 laborales afectados puedan quedarse indefinidos éstos pueden reclamar indemnizaciones que alcanzarían hasta los 50 millones de euros, según los cálculos que se han realizado.

Junto al riesgo de afrontar reclamaciones económicas, el Ejecutivo también tiene que hilar fino con los sindicatos que se oponen desde el principio a este tipo de procesos, en este caso Intersindical, Sepca y Co.Bas. Las tres centrales han votado en contra de la oferta de estabilización que pretende publicar el Ejecutivo en el BOC antes de acabar el año, mientras que UGT, CC OO y CSIF -éste también con ciertas reticencias- votaron a favor. Pero si estas tres centrales sindicales son mayoría a nivel estatal, en Canarias más de la mitad de la representación de los empleados públicos la tienen los sindicatos que están en contra de estos procesos de estabilización y consolidación.

La Dirección General de Función Pública se ha comprometido a abrir una negociación a partir de ahora con todos los representantes sindicales para pactar las bases de las convocatorias, un escenario inédito en Canarias, por lo que se tendrá que mirar con lupa la legalidad vigente y evitar los reparos del Estado. La valoración de los méritos y de la experiencia serán los factores que tendrán más importancia frente al examen, según el Ejecutivo, para evitar que una parte de este personal se vaya a la calle. Los sindicatos, por su parte, quieren comprobar cómo quedan las bases antes de plantear una impugnación judicial que daría al traste con todo el procedimiento.

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