El Gobierno de Canarias no descarta ligar la renta de los ciudadanos con el descuento del 75% en los billetes de barco y avión. "Es una vieja idea la de vincular alguna parte de la subvención a ciertos niveles de renta, es un tema del que ya hemos hablado anteriormente. Es razonable hacer la reflexión de que no tiene sentido que se paguen las tres cuartas partes del billete de Gobierno de Canariasbusiness"Julio PérezJulio Pére, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. El socialista hacía estas declaraciones en referencia al informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que concluye que la subvención otorgada a Canarias y Baleares no sólo ha producido un aumento del gasto público del 125%, sino también un encarecimiento de las tarifas aéreas. Como soluciones, la AIReF propone un descuento de cuantía fija para cada una de las rutas o estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de los descuentos por niveles de renta.
En el caso de Canarias, la autoridad fiscal concluye que el 20% de residentes con rentas más altas concentra el 50% del total de las ayudas en los vuelos con la Península. Además, el 10% de los ciudadanos con rentas más alta acumula el 35% y el 1% con mayores ingresos, el 6,3%, hasta llegar a los 13,2 millones. Por el contrario, el 40% de la población con menor renta recibe tan sólo el 17% de las subvenciones. Unos datos que no sorprendían a Pérez. "Es una obviedad que quien más dinero tiene más viaja, no hace falta hacer un estudio para llegar a la conclusión de que estas personas tendrán más participación en el descuento", aseguró.
De todas formas, aunque el portavoz dejó sobre la mesa la posibilidad de tener en cuenta el nivel de ingresos a la hora de aplicar parte de estas ayudas, también dejó claro que el Gobierno canario sigue pensando que "moralmente no es una subvención, sino un derecho que es intangible". Otra cosa diferente es que, como reconoció el socialista y deja claro la AIReF, se hayan producido deformaciones del mercado y alteraciones indeseadas en los precios de los billetes aéreos. El estudio recoge que el aumento del pasaje observado en los trayectos entre Canarias y la Península alcanza el 12%, un encarecimiento que llega al 15% en el caso de Baleares.
Ésta no es la primera vez que se pone en duda la idoneidad de las ayudas al transporte de los residentes. En abril de este año, en plena pandemia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elaboró un informe en el que también hacía hincapié en el encarecimiento de los billetes y en el coste de estas subvenciones para las arcas públicas -"que se ha duplicado y se estima que superó los 765 millones en 2019"-, y donde proponía "valorar mecanismos para incrementar la sensibilidad de los pasajeros residentes al precio, reconsiderar el sistema de apoyo a la conectividad en su conjunto y estudiar sistemas alternativos".
Aunque el Gobierno central no se ha querido posicionar en contra de esta ayudas -aprobadas durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pero que se encargó de poner en marcha el actual ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuando era responsable de Fomento-, tampoco descarta cambios en esta política de ayudas. De hecho, el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, aseguraba ayer que el informe de la AIReF "está alineado con las políticas del Ministerio". En lo referente a las ayudas a los residentes, Saura apuntaba a la realización de "mejoras que deben articularse sobre la base del mayor consenso posible y teniendo en cuenta el interés principal de compensar racional y equilibradamente las desventajas que impone la insularidad y la ultraperificidad".
La defensa nacionalista
Los primeros en saltar a la hora de defender el descuento de residente fueron los partidos nacionalistas. Los socios de gobierno del PSOE en el pacto de las flores, Nueva Canarias, recalcaron que la bonificación se trata de "un derecho innegociable", tal y como afirmó el coordinador territorial, Luis Campos, que valoró el informe de la AIReF como "otro intento por laminar un derecho y una conquista de los canarios a la que no se va a renunciar".
Por su parte, Coalición Canaria-PNC advirtió de que el 75% "no puede tocarse porque modificarlo es un atentado contra los derechos de los canarios y un ataque a su fuero" que "ni puede ni debe ser permitido por las instituciones y sociedad insular", en palabras de su secretario general nacional, José Miguel Barragán.
