El segundo día de los plenos parlamentarios se suele mover entre cierta resaca verbal, el eructo y la indiferencia. Después de las preguntas orales y las comparecencias, por lo general el presidente del Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Administraciones Públicas, los tres tenores del Ejecutivo se han marchado a cosas (supuestamente) más serias. En épocas gloriosas una docena de periodistas cubrían ordinariamente las sesiones plenarias; ayer, durante la segunda mitad de la jornada, no ví a ninguno. Allí, en la tribuna de invitados, reinaba en inmaculada y oronda soledad Manuel Marcos, viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, con los ojos semicerrados y los brazos a lo largo de la silla. Parecía que estuviera rezando. Y si era así lo más probable es que orase para que terminara el pleno de una vez. Como las sesiones se siguen celebrando en el salón de plenos y en la muy cercana sala Europa (la mitad de diputados y diputadas en cada recinto) en cuanto algunas de sus señorías ahuecan el ala dan ganas de cerrar. Sin embargo, antes de las proposiciones no de ley y demás oraciones ateas, dos debates resultaron interesantes: las razones del cero eléctrico sufrido en Tenerife el pasado 15 de julio, según José Antonio Valbuena, y de nuevo, el protocolo diseñado por la consejería de Educación para la apertura del curso escolar el próximo septiembre, a cargo de Manuela Armas. Por supuesto que también hablaron Noemí Santana -básicamente para recordarle al personal lo bien que lo está haciendo y lo desalmada que era y sin duda sigue siendo CC- y Blas Trujillo. El consejero de Sanidad suele ser cordial en sus respuestas, pero muchos empiezan a sospechar que Trujillo, en el Gobierno, no va a tocar los cuadros de la gestión sanitaria ni con un palo de dos metros de extensión, sino que se dedicará, básicamente, a las relaciones públicas. Aunque tampoco está cosechando demasiada suerte en ese cometido. Quizás esté un poco oxidado.
Manuel Domínguez, diputado del PP y alcalde de Los Realejos, se mostró extremadamente crítico con Endesa -productora - y Red Eléctrica -distribuidora - pero curiosamente jamás las mencionó explícitamente. Cuando insistió en conocer el análisis de la Consejería de Transición Ecológica sobre las causas del 0 eléctrico de julio -en septiembre se había sufrido otro- a Valbuena le bastó recordar la monstruosa ley del Sector Eléctrico que se aprobó con José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía en 2013. Es una técnica habitual del consejero. No es que incorporase al debate dicha ley, sino que al mencionar a Soria, como se menciona al Maligno, pretendió así callar, y lo consiguió, al portavoz del Partido Popular. Después tomó la palabra Manuel Marrero, que insistió en que ponerle una multa de treinta millones de euros a Endesa era una tontería, ni siquiera un zarpazo, y que lo que se tenía que hacer es cuestionar la propiedad privada de empresas que explotan las energías, tanto las tradicionales como las no contaminantes, porque la raíz del problema es el capitalismo salvaje, y así comenzó un discursos de diez minutos sobre lo que habría que hacer para cambiarlo todo, y que los coches eléctricos están bien, pero mejor que sean guaguas eléctricas, transporte público y colectivo es lo que nos hace falta, y no educar a ciudadanos individualistas, consumistas y egoístas, y luchar por una sociedad en decrecimiento económico, en una suerte de feliz ataraxia que nos hará a todos felices, generosos, desprendidos, una intervención que, pese a su brevedad, y a estar amasada por ocurrencias y términos de lecturas de los años setenta y ochenta (por ejemplo, obsolescencia programada) sirvió para que huyeran dos o tres diputados más. Valbuena no resucitó -cada uno puede tener el porche o la utopía que quiera- hasta la intervención de la diputada de CC, Rosa Dávila, que exigió a la Consejería de Transición Ecológica más demanda de explicaciones claras y el cumplimiento de los compromisos de inversión de las eléctricas en Tenerife. Entonces Valbuena sacó una listita de sanciones a Endesa en el Gobierno anterior que podían haber representado decenas de millones de euros. Dávila, visiblemente irritada, replicó que si esas propuestas no se materializaron en sanciones es, precisamente, porque los técnicos del departamento ahora dirigido por Valbuena no lo estimaron así. "Si tiene usted pruebas o indicios de que se manipularon informes técnicos desde la dirección política", le espetó la exconsejera de Hacienda al consejero, "debe llevar este asunto inmediatamente a la Fiscalía. Esta usted afirmando cosas muy graves en sede parlamentaria". A Valbuena la sonrisita se le cambio en gesto hosco y de mal humor y prefirió callarse. Pero ya había sido aplaudido por el grupo parlamentario socialista, lo que siempre le hace mucha ilusión.
Manuela Armas es una política responsable y solvente que se ve metida en un berenjenal terrible por lealtad a su partido: la consejería de Educación. A nadie -ni a las asociaciones de padres, ni a los sindicatos, ni a los equipos directivos de los centros docentes - le gusta el protocolo sanitario que pretende regular la vida en escuelas e institutos dentro de apenas cuarenta días. En lo que la consejera Armas define como un "documento vivo que se adaptará para mejorarlo o adaptarlo a nuevas situaciones" la oposición parlamentaria, y casi todo el mundo, detecta lagunas, contradicciones, exigencias de imposible cumplimiento, inexactitudes técnicas, gastos implícitos no previstos. Y es que así, simplemente, ni se pueden ni se deben hacer las cosas. La peor gestión - indiscutiblemente deficiente y errática - del Gobierno de Ángel Víctor Torres en la era covid ha sido la gestión educativa. Y más allá de su prudencia y su paciencia Armas parece perfectamente consciente que su departamento -y toda la comunidad educativa- se asomará en septiembre a un abismo plagado de amenazas, imprevistos y tensiones que -con suerte- durarán meses.
